El Ayuntamiento de San Justo de la Vega ha celebrado el martes un pleno municipal en el que el equipo de gobierno, encabezado por el Partido Popular, afirmaba no tener ni una sola noticia del proyecto que la Junta de Castilla y León tiene para el actual entorno del centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos, situado en terrenos de la localidad de San Román de la Vega. Allí, la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León proyecta un vertedero para residuos industriales que se desarrollará en colaboración con la empresa Latem Aluminium, que es una de las más grandes de las que se han instalado en el polígono industrial de Villadangos.
En el pleno de San Justo de la Veta, la oposición pidió información al actual regidor, el popular Juan Carlos Rodríguez Rubio, sobre el mencionado proyecto, obteniendo por única respuesta que todo lo que se sabe en ese ayuntamiento es lo que se ha publicado en prensa o en el Bocyl (curiosamente, ambas publicaciones coincidieron en el mismo día). La oposición recriminó la falta de coordinación entre dos instituciones que son del mismo partido, en este caso el Partido Popular, que es quien gobierna en San Justo y en la Junta de Castilla y León, siendo además el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones el responsable del área. El pleno de ayer en San Justo se cerró con el compromiso por parte del equipo de Gobierno de pedir un informe al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial sobre la posible peligrosidad de algunos de los residuos que puedan ir a parar al futuro vertedero, además de un informe externo que pida el propio consistorio de San Justo.
“Plantear una solución a la gestión de residuos industriales no peligrosos para las empresas de Castilla y León, y a la gestión de residuos de construcción y demolición tras el cierre progresivo de vertederos ilegales, contribuir a la descarbonización, lograr los objetivos de España en materia de generación de energías renovables y favorecer el desarrollo de la economía local, mediante una alta tasa de creación de empleo de larga duración y calidad” son algunos de los objetivos de este ambicioso proyecto, que actualmente está en fase de tramitación administrativa, en la que se incluye la información pública, que constará de un período de 45 días en el que los expedientes estarán disponibles para la posible presentación de alegaciones en la sede de la Delegación Territorial de la Junta en León, así como en la plataforma de Gobierno Abierto (http://www.jcyl. es/audiencia-informacionpublica) y en la página web de la administración autonómica (https://vivienda.jcyl.es/web/es/urbanismo-ordenacion-territorio/instrumentosordenacion-territorio.html). Las observaciones se podrán formular en un modelo normalizado y disponible en la dirección http://www.jcyl.es/audiencia-informacionpublica.
Además, el proyecto estará también sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria y a autorización ambiental en el marco de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. En caso de llevarse a cabo, supondrá una inversión de 47,7 millones de euros y creará 200 empleos directos.