Sanidad admite "presión" en Atención Primaria y estudia alternativas de organización

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, admitió este lunes que existe gran presión en la Atención Primaria de la Comunidad, primer dique de contención frente a la pandemia del COVID-19, por la acumulación de trabajo a la ahora de hacer rastreo cuando se detectan positivos por PCR, realizar los propios test, vigilancia epidemiológica y además atender a los pacientes crónicos o con enfermedades agudas. “Hemos incrementado los contratos, pero en bolsa ya no hay sanitarios”, comentó Casado, quien por eso consideró que es “importante la organización del sistema” a corto plazo y la colaboración “de todos para que esto no vaya a más.

En todo caso, anunció que su departamento estudia alternativas, como la vía telemática, o buzones que registran la demanda para que posteriormente el profesional pueda contactar con el paciente, o crear un 'call center' para mejorar la solicitud de cita precia, como proyecto piloto. "Nada más ver su funcionamiento se extenderá a toda la Comunidad", dijo. También habló de reorganizar, según los perfiles, a auxiliares que “pueden ayudar mucho, como administrativos, en tareas burocráticas y que permitiría descargar las consultas”.

En este sentido, no escondió que “ha habido problemas para contactar para cita previa en Atención Primaria, mientras que en los hospitales “están muy pendiente de sus planes de contingencia”. Casado señaló que hasta el 17 de agosto se habían contratado 2.847 personas más de los que el sistema absorbe habitualmente. Unas cifras que se traducen en un 2,3 por ciento más de médicos, el 11,7 por ciento de enfermeras, el 16,6 en TCAE, el 13,3 en celadores y un 2,88 por ciento más en otras categorías. En general, es un 8,4 por ciento más. Además, avanzó que prorrogarán los contratos a los profesionales a los que se les termine en breve.

En todo caso, reiteró que es “importante” que el Ministerio de Sanidad ponga en marcha planes para que haya “números suficientes en las especialidades” que están “en precario y estabilizar aquellas en superávit”. “La formación está agilizada ya, pero necesitamos sistemas de organización. De ahí el pacto por la sanidad. Si no lo hacemos se pueden cerrar puntos de atención continuada e incluso consultorios. A corto plazo, organización, y a largo, nuevas plazas y formación”, sentenció, para añadir que “es necesario formar a más gente en nuestras facultades para dar respuesta al sistema. Se tarda diez años en formar a un médico y hay que ir tomando ya estas medidas”.

La consejera deslizó que el aumento de movilidad está causando un “mapa cambiante”, con más zonas en naranja, con cinco casos por encima de 10.000 tarjetas sanitarias, además de Cantalejo y Carrascal del Río, las dos poblaciones segovianas aisladas desde el viernes, con ratificación judicial desde ayer. Al igual que en Íscar y Aranda, el confinamiento, dijo Casado, está pensado para 14 días, pero la evolución de las siguientes jornadas marcará el devenir en esta zona básica, donde existe la obligación “estricta” de la cuarentena, que es “clave para no extender la enfermedad”. En este punto recordó que aquella persona con PCR positivo en Castilla y León puede ser sancionada si incumple su deber de aislamiento domiciliario con entre 3.000 y 60.000 euros, y hasta 600.000 euros si pudiera afectar a 150 personas o más. 150 personas o más.