Serfunle ya tiene la sentencia que anula el canon de gestión

La Mancomunidad de Servicios Funerarios de León (Serfunle), integrada también por los municipios de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre, celebró durante la tarde de este jueves una reunión de la asamblea de concejales. Y en el orden del día figuraba la dación de cuenta de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que decretaba la nulidad del acuerdo adoptado en el año 2003 por el que se adjudicaba el contrato para la selección de un socio privado que formase parte de la sociedad mixta Serfunle S.A. con el objetivo de asumir la gestión de los servicios funerarios en los tres municipios.

El motivo de tal nulidad sería el pago de un canon de gestión que se incluyó en el contrato pese a que no figuraba en los pliegos que rigieron la licitación. Se trata por tanto de una propuesta que hizo la empresa la adjudicataria en su oferta y que fue aceptada entonces por los técnicos de la mancomunidad y por la mesa de contratación. La cuantía de ese canon era de un 10% de la facturación (12% a partir del sexto año de contrato) de la empresa mixta y se sumaba al dividendo anual que Mémora percibe como socio de la misma. El importe del canon de gestión fue de 8.419.530,11 euros en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2015, según los informes técnicos aportados en el primer proceso de nulidad, que caducó por no ajustarse a los plazos legales de tramitación y comunicación. A esta cantidad habrá que añadir una media superior a 600.000 euros por cada año que ha transcurrido desde entonces.

El último estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifraba el coste medio de cada funeral gestionado por Serfunle S.A. en 4.269 euros. Si a esta cantidad le aplicamos el 12% que ahora mismo supone el canon de gestión que se abona a Mémora, estaríamos hablando de una media de 512 euros de sobrecoste en cada servicio.

En todo caso, la sentencia no es firme y que Mémora tiene la opción de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por el momento, el socio privado no se ha pronunciado al respecto en el consejo de administración de la empresa mixta, mientras que en la asamblea de la mancomunidad tampoco tienen noticia oficial alguna.

La opción más probable que contemplan las fuentes consultadas por este periódico es que finalmente se presente ese recurso. En principio, la sentencia del Supremo llegaría aproximadamente en un año y medio, periodo en el que la empresa mixta seguiría funcionando con cargo al contrato actual. Sin embargo, si finalmente no hay recurso, se procedería a iniciar la disolución de la misma, algo que llegaría en el mes de mayo.

Sería un proceso en el que la mancomunidad podría exigir a su socio privado la devolución del importe del canon de gestión cobrado durante todos estos años por haber sido declarado nulo. Pero también Mémora podría reclamar el importe de las inversiones que ha realizado desde la firma del contrato en las instalaciones gestionadas por la empresa mixta. Si no hay recurso o si el Supremo falla en el mismo sentido que el TSJ, será el momento de intentar buscar un acuerdo entre socios para liquidar sin abrir otro pleito.