La falta de recursos nunca debería impedir una buena defensa. Con este objetivo la Constitución Española reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para aquellos que acrediten insuficiencia de medios económicos para poder litigar. No son los únicos que pueden optar a ella, pero este motivo sí que se esconde detrás de la mayoría de los que solicitan un servicio que en León cuenta cada vez con un mayor número de solicitudes.
Si entre 2022 y 2023 los expedientes de este tipo tramitados en la provincia se elevaron un 13,2 por ciento, al alcanzar la cifra de 7.303 frente a los 6.449 de 2022; en 2024 el número ha vuelto a crecer, habiéndose cerrado el ejercicio con 8.532, lo que supone un incremento anual del 16,8 por ciento.
«Las peticiones siguen subiendo, es la tónica de los últimos años», confirmó el decano del Colegio de la Abogacía de León, Fernando Rodríguez Santocildes, quien recordó que se ha incorporado también otro servicio en el que se han prestado 99 asistencias, el de asesoramiento a segunda oportunidad, que contempla un mecanismo para que la persona física que acumule deudas pueda acceder a una exoneración o negociar unas nuevas condiciones de pago con sus acreedores, de forma que le permita empezar de cero y rehacer su vida.
En el que menos asistencias se prestaron en 2024 –ocho– fue en el conocido coloquialmente como ‘turno de rico’. Se actúa, explicó Rodríguez Santocildes, «cuando a alguien le requieren para que designe a un abogado y no lo hace, pero no porque no tenga dinero. En ese caso interviene un letrado de oficio, pero no es justicia gratuita». En el otro extremo, en el que la cifra es más abultada, están los casos de penal: se atendieron 3.836 por el turno de oficio durante el pasado ejercicio, lo que supone el 45 por ciento del total (73 más por violencia), y 1.193 en civil (80 más por violencia). Por su parte, en el resto de servicios las asistencias bajaron de las cuatro cifras. Se actuó por turno de oficio en 583 casos de violencia de género, se prestaron 35 asistencias a víctimas de agresiones sexuales, hubo 642 actuaciones por lo social, 65 con menores, 849 por juicios rápidos, 153 en el servicio penitenciario y 49 en contencioso administrativo. En este último caso, según indicó el decano del Colegio de la Abogacía, «la mayoría son casos de extranjería».
«Hay muchos expedientes de expulsión y se derivan en gran parte de las asistencias al detenido. Cuando detienen a un extranjero en situación irregular, además de seguirse el procedimiento penal, se abre un procedimiento administrativo de expulsión y termina en el contencioso», afirmó.
El servicio de turno de oficio lo prestan unos 400 profesionales en la provincia de 1.100 ejercientes, una cifra que no ha variado mucho en el último año. Su funcionamiento «a nivel general es bueno», valoró Rodríguez Santocildes, quien recordó que «todos los años Metroscopia y la editorial Aranzadi, antes La Ley, elaboran el Observatorio de Justicia Gratuita y la valoración que se hace por parte de los ciudadanos del servicio siempre es muy buena. Está por encima de la de la educación y la de la sanidad», dijo.
Preocupación por la nueva ley
Hizo hincapié, sin embargo, en que sigue habiendo mucho que mejorar. «Ahora mismo nos preocupa mucho la nueva ley de asistencia jurídica gratuita. Dentro de la agenda normativa de 2024 estaba prevista la inclusión de la ley de asistencia jurídica gratuita, a la que es necesario que se le dé un impulso legislativo donde la abogacía tiene que tener un papel muy importante», consideró. Rodríguez Santocildes valoró como «muy necesario que estemos pendientes sobre todo en los criterios de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como mantener el papel indispensable de los colegios en la tramitación y en la gestión».
"Falta de compromiso"
Después, a nivel de pagos, señaló que es necesario que «el reglamento que se derive de esa ley incluya que todas las actuaciones que realizan los profesionales sean remuneradas y que estén contemplados los desplazamientos, que a día de hoy no lo están», además de un incremento salarial, porque en este momento las cuantías son «ínfimas» y no se revisan desde 2018. Todo esto, advirtió, «lo que hace es generar una situación que se entiende como una falta de compromiso de la administración con las personas que carecen de recursos».
"Más o menos al día en pagos"
Como avance, remarcó que se ha conseguido «que el decreto que aprueba la subvención de justicia gratuita a principios de año, en este, gracias al trabajo del Consejo General de la Abogacía, se haya aprobado ya en enero». Eso significa, explicó el decano del Colegio de la Abogacía de León, que no ocurra como en otras ocasiones, en las que los pagos se han retrasado y acumulado durante varios meses. El 18 de febrero el Ministerio de Justicia abonó los meses de noviembre y diciembre y las cantidades correspondientes ya se les han hecho llegar a los letrados. «Se ha reclamado en enero y se ha pagado en febrero, así que se podría decir que estamos más o menos al día y que ya no padeceríamos ese lapsus de tiempo de cuatro meses en los que no habitual era que no se cobrara. Ahí sí que se ha avanzado», subrayó.
Requisitos para ejercer
Para poder entrar en el turno de oficio general los abogados necesitan reunir una serie de requisitos, como es el caso de contar con tres años de experiencia como colegiado ejerciente y –tal y como se recoge en la web del Colegio de la Abogacía de León– haber superado el examen de acceso al turno, un trámite que no resulta necesario en el caso de haber concluido los estudios de la Escuela de Práctica Jurídica. Por su parte, para ejercer en el llamado turno de oficio especial (violencia de género, servicio de información y asesoramiento a víctimas de violencia de género, juicios rápidos o menores) para darse de alta será necesario también un diploma acreditativo de haberse formado en la materia, para lo que desde el colegio organizan cada año diferentes cursos. Como limitación se establece, en este caso, que como máximo se puede pertenecer a dos turnos especiales.
¿Quién la puede solicitar?
Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas con recursos económicos limitados y que, computados anualmente por todos los conceptos –ingresos, patrimonio...– y por unidad familiar, no superen los siguientes umbrales: dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar (en 2016 12.780,26 euros). Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en algunas de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros (en 2016 15.975,33 euros).
El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros (en 2016 19.170,39 euros), según los datos recogidos en la web del Colegio de la Abogacía de León.