En concreto, ha suspendido la orden SAN/370/2015, de 29 de abril, a instancia de la Administración General del Estado, que alegó que la convocatoria no era válida, pues se habían superados los tres años que fija el Estatuto Básico del Empleado Público para ejecutar una oferta de empleo de este tipo.
La convocatoria publicada por Sacyl se corresponde con la acumulación de las ofertas de empleo público pendientes de los años 2009, 2010 y 2011, por lo que el plazo venció en 2012, 2013 y 2014, en cada caso, a tenor de lo esgrimido por el TSJCyL. Por ello, “no pueden ser objeto de ejecución ante su extinción, por consunción temporal”. De estas plazas, 389 se convocaron para el turno de acceso libre; 65 plazas para el turno de personas con discapacidad, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y 100 plazas para el turno de promoción interna.
La Sala ha aceptado los argumentos esgrimidos por la Administración General del Estado, considerando que la carencia de una oferta de empleo público válida es “un supuesto de nulidad de pleno derecho que arrastra a la convocatoria de pruebas selectivas efectuada”. Además, considera que es mayor el perjuicio que se causaría a los aspirantes de las pruebas selectivas una eventual nulidad del procedimiento, que la paralización de las pruebas, dada la tramitación preferente del procedimiento y la previsible rápida respuesta que se dará por la Sala en la resolución final del procedimiento.
Indignación de Satse
El sindicato de Enfermería (Satse) de Castilla y León ha manifestado su “indignación” por la situación generada por la suspensión cautelar inesperada de las oposiciones de enfermería a una semana de su celebración, debido al “enorme perjuicio personal que se ocasiona una vez más al colectivo enfermero en esta Comunidad autónoma”.
“Hasta esta mañana, ni la Junta de Castilla y León, ni los miembros del Tribunal, ni este Sindicato conocían que había una demanda judicial interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la Administración General del Estado contra este proceso selectivo”, señala en un comunicado.
Además, muestra su sorpresa por que a una semana de la celebración de la oposición, a la que se presentaban más de 20.000 enfermeros de toda España, 8.000 en León, se conozca ahora esta demanda interpuesta por el propio Gobierno central, del mismo signo político que el Gobierno de Castilla y León.
“Desde Satse pensamos que ha habido ocultismo y que no se han atrevido a dar esta información por el momento electoral en el que estamos inmersos, pero la realidad es que esta suspensión cae como un jarro de agua fría a los miles de enfermeros que llevan años esperando que haya este examen y que les afecta no sólo por las circunstancias del momento sino también por sus circunstancias personales”, remarca.
Además, recuerda que es el tercer proceso selectivo de enfermería que se judicializa en Castilla y León tras producirse las transferencias sanitarias en 2001, lo cual deja clara “la mala gestión” de la Administración Sanitaria de esta comunidad y su actitud negativa hacia el colectivo enfermero.
Esta noticia llega tras conocerse ya la repercusión económica que suponía esta oposición, tanto en la ciudad de León, como en la de Valladolid, por “la gran afluencia de opositores que implicaba, además de la grave repercusión económica, personal, laboral y profesional para los opositores, que veían en este proceso selectivo una oportunidad de paliar unos últimos años particularmente negativos por los recortes sufridos y la precariedad laboral que han tenido que padecer·.