Los juzgados de la provincia no logran aliviar su carga de trabajo y su tasa de congestión continúa al alza. Tanto es así que los asuntos en trámite, pendientes todavía al final del pasado ejercicio (35.860), superaron en un 29 por ciento los del anterior (27.779), según se indica en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales hecho público este lunes por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los 47 órganos de la provincia ingresaron el pasado año 55.828 asuntos, con una media por cada uno de ellos de 1.187 y total diaria de 152,9. Por su parte, los resueltos fueron 47.875 (1.018 por órgano y media diaria de 131,1). Si estos datos del pasado año se comparan con los de 2022 (cuando los ingresados fueron 53.358 y los resueltos 27.779) el resultado es que los asuntos que llegaron a los juzgados leoneses fueron más (aumentaron un 4,6 por ciento), mientras que los despachados menos (ya que cayeron un 8,2 por ciento). El número de sentencias dictadas también se redujo (un 13,1 por ciento), al pasar de las 17.739 de 2022 a las 15.416 del pasado año. La mayor parte correspondieron a la jurisdicción Civil (8.769), seguida por la Penal (4.061) y con la Social en tercer lugar (2.247), mientras que la Contencioso Administrativa se situó a la cola (339).
En Castilla y León
Por su parte, los órganos judiciales de Castilla y León anotaron casi 300.000 asuntos ingresados en 2023 (298.326), cantidad que supone un tres por ciento más respecto al ejercicio anterior, una evolución al alza que, según informa Ical, no se producía desde 2020. El crecimiento, aseguran, está motivado por la importante subida de los asuntos en los juzgados de Primera Instancia en el marco de la jurisdicción Civil. Los asuntos resueltos fueron menos: 265.169 y las sentencias dictadas 72.753. Ya a nivel nacional, los órganos judiciales registraron algo más de siete millones de asuntos, una cifra que representa un aumento del 4,8 por ciento. Pese a ello, la capacidad de resolución de los tribunales se mantuvo apenas sin variaciones durante el pasado ejercicio: los 6,4 millones de asuntos resueltos supusieron una reducción interanual del 0,3 por ciento y seguían en trámite un total de 3,9 millones al final del año, un 17,2 por ciento más.
La tasa de litigiosidad en Castilla y León fue de 125,2 asuntos por cada mil habitantes, frente a 145,7 a nivel nacional, 20 puntos más. Por otro lado, las comunidades autónomas que mostraron una tasa superior a la nacional fueron Canarias (188,7), Andalucía (156,8), Cataluña (154,2), Baleares (150,6) y Madrid (149) y los territorios con la más baja fueron País Vasco (103,2), La Rioja (103,9) y Navarra (115,7). Castilla y León cuenta con la octava más baja.
Regresando a Castilla y León, los datos indican que tanto la jurisdicción Penal como la Civil trataron asuntos en el jugado de violencia contra la mujer, explica Ical. En la primera de ellas ingresaron 8.313 a lo largo del año, un 9,6 por ciento más que en 2022, mientras que por lo Civil entraron 974, un 16,6 por ciento de incremento. Por la vía de lo Penal también se anotaron 1.410 casos que conocieron los juzgados de menores, un 8,7 por ciento más. Por último, el pasado año se registraron 39.208 sentencias en los juzgados de Castilla y León, 6.284 menos que en 2022, es decir, un 13,8 por ciento. Cayeron un 12,6 por ciento las de lo Civil, hasta 21.984; las de lo penal, un 14,4 por ciento, con 13.479; y lo Contencioso-Administrativo, un 17,2 por ciento, con 1.308. Por contra, bajan las de lo Social, un 18,5 por ciento, hasta las 2.437 sentencias.