El 80% de los ayuntamientos de Castilla y León ya han rendido las cuentas de 2023, un trámite para el que el plazo expiraba el pasado 31 de octubre.
Así lo puso de manifiesto este miércoles el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, tras una reunión con la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén. Asimismo, durante el encuentro, Amilivia emplazó a las diputaciones a acometer medidas de apoyo para suplir las carencias que tienen las entidades locales, especialmente las que tienen menor capacidad económica y de gestión.
En ese sentido, Amilivia señaló que en la provincia de Palencia el 82% de los ayuntamientos habían rendido las cuentas del año 2023, dos puntos por encima de la media de Castilla y León, convirtiéndose en la cuarta en el cumplimiento de esta obligación por detrás de Zamora, con el 87%, Salamanca (85%) y Ávila, con un 83%. Tras la provincia palentina se encuentran Soria y Valladolid, con el 78%, León, con un 77% y Burgos y Segovia, con un 75%. En el caso concreto de la provincia de León, son 163 los ayuntamientos que han entregado sus cuentas de 2023, por lo que habría otros 48 que aún no lo han hecho pese a que el plazo expiró el pasado 31 de octubre. «Somos la cuarta comunidad en datos de rendición de todo el país. Eso demuestra el gran compromiso ético que tienen nuestros alcaldes y concejales en los pequeños municipios que conforman un voluntariado desinteresado en servicio de las comunidades», señaló Amilivia.
Es preciso destacar que en el encuentro de este miércoles, el pleno del Consejo de Cuentas presentó a Armisén el Plan de Fiscalizaciones de 2025, entre cuyos trabajos previstos están el análisis de la asistencia técnica e informática prestadas a los municipios por las diputaciones y entidades equivalentes de la comunidad, especialmente en el ámbito de la seguridad informática. También, en esta misma línea, está en realización una fiscalización sobre el nivel de prestación y asistencia de la Diputación de Palencia a los pequeños municipios, en la etapa 2019-2022, una auditoría que también está previsto realizar este año al resto de instituciones provinciales de Castilla y León.