Estos 60 municipios no han recibido este año todavía los recursos, en concepto de anticipos a cuenta, que aporta el Ministerio de Hacienda a sus arcas, que suponen la mayor parte del presupuesto que tienen estos ayuntamientos, por lo que los ayuntamientos ven disminuida su capacidad de ejecutar obras y servicios. Desde que se puso en marcha este sistema de control en el año 2011, cuando la medida cogió a los consistorios sin posibilidad de reacción temprana, el listado de ayuntamientos que no han hecho los deberes ha sido superior.
La normativa señala con carácter general la obligatoriedad de los municipios de presentar los datos de liquidación de sus presupuestos y establece la retención de los anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les correspondiese si la rendición de cuentas se hace fuera del plazo. La sanción no implica la pérdida de esos recursos, que serán reintegrados a las arcas municipales a medida que los ayuntamientos vayan cumpliendo con sus obligaciones.
Según los datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, en 2011 la medida cogió sin haber presentado estas cuentas aun total de 402 ayuntamiento que precisaron incluso la ayuda de las diputaciones para poco a poco ir registrando en los archivos digitales del Ministerio sus cuentas. Con la espada de Damocles del fin de los recursos del Gobierno central, la situación pareció encarrilarse al año siguiente, en 2012, aunque aún 54 municipios seguían sin presentar las liquidaciones de su presupuesto, cifra que al año siguiente ascendería a 75.
Las advertencias públicas del Ministerio, con su titular Cristóbal Montoro convertido en látigo de ‘incumplidores’, y la subsanación de algunos problemas, muchos de ellos referidos a la ausencia del secretario municipal, permitieron que en agosto de 2014 pareciera que la batalla estaba ganada y sólo fueron cinco los municipios sancionados: Hoyos del Espino (Ávila), Jaramillo Quemado y Villamiel de la Sierra (Burgos), Valderas (León) y Lantadilla (Palencia).
Sin embargo, la relajación en las admoniciones de Hacienda y el fin de las angustias de la crisis ha supuesto una vuelta a las andadas que se refleja en un crecimiento incesante del número de municipios ‘incumplidores’. Si en agosto de 2015 eran 20; en el mismo mes del año pasado fueron 39 y ese año se han roto todas las previsiones hasta alcanzar la cifra de 60 pueblos que aún no han registrado la liquidación del año pasado.
En muchos casos, detrás de este incumplimiento están problemas con los secretarios municipales: la ausencia del mismo en algunos pueblos por jubilación o traslado o directamente enfrentamientos entre el alcalde y el funcionario municipal. No obstante, una de las novedades más importantes de este año es la ausencia de este listado del ayuntamiento de Valderas, en León, un fijo hasta el año 2016 como consecuencia de la situación política creada en el municipio, con tres alcaldes la pasada legislatura que generó una deuda municipal de cuatro millones de euros para un pueblo de 2.000 habitantes y que tuvo que recurrir a una empresa privada para ponerse al día con Hacienda.