El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, pidió este martes a la Dirección General de Tráfico que “intervenga, medie y presione si es necesario” ante la UTE concesionaria del servicio para que “se resuelva el conflicto y se mejoren las condiciones de los trabajadores” del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León, conocido como Centro Estrada, además de “vigilar el cumplimiento estricto del pliego de adjudicación y sancionar en caso de que no sea así”.
Así lo apuntó este martes tras reunirse con el comité de empresa en medio de “una lucha sindical y una negociación de los trabajadores” frente a la que “la administración no puede mirar hacia otro lado”, de forma que la DGT “debe intervenir” al ser “el cliente y quien está poniendo ingentes cantidades de recursos públicos para que la UTE preste el servicio de forma adecuada”, de forma que “también tiene que garantizar la paz social y las condiciones dignas”.
El Centro Estrada cuenta en estos momentos con una plantilla de aproximadamente 300 personas, de las que “más del 80 por ciento”, según cifró Tudanca, “cobra el Salario Mínimo Interprofesional” y donde “los únicos incrementos salariales y mejoras laborales de los últimos años se han debido a la reforma laboral, que ha mejorado de forma sensible sus condiciones y derechos”. Todo ello a pesar del “incremento de actividad de la empresa” y del “incremento del último proceso de licitación, cuando la administración pasó de un importe de 57 a 83 millones de euros”, lo que “se tiene que traducir en una mejora de las condiciones de los trabajadores”.
“No podemos permitir que haya trabajadores en condiciones precarias en una concesión para la prestación de servicios para la administración”, enfatizó el líder de los socialistas autonómicos, al tiempo que trasladó su “apoyo y solidaridad” a los trabajadores del Centro Estrada y solicitó a la empresa “un esfuerzo de negociación y entendimiento” para “asumir unas reivindicaciones absolutamente razonables”, ya que “las exigencias de mejora del convenio son comedidas y garantizan tanto la viabilidad de la empresa como la prestación del servicio”.
En este sentido, Carlos Vallaure, de la Unión General de los Trabajadores, explicó que el comité todavía espera una respuesta por parte de la empresa a la última propuesta hecha “con el afán de poder llegar a desconvocar la huelga prevista del 25 de marzo al domingo 7 de abril” y que “no es plato de gusto para nadie”. Vallaure insistió en que el trabajo desempeñado en el Centro Estada es “cualificado”, de forma que “tiene que ser tenido en cuenta como tal” para que las condiciones salariales “sean acordes a la prestación del servicio que se lleva a cabo”.
Asimismo, lamentó que “la única persona” que no ha querido recibir por el momento al comité de empresa es el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien “tendría que dar respuesta a las inquietudes o por lo menos escucharlas y tomar algún tipo de medida en el sentido de interesarse por cómo está funcionando el Centro que presta servicio al Estado”. “No le estamos pidiendo una mediación laboral, sino que se involucre porque el Estado es el cliente y él es el máximo representante del mismo en la Comunidad Autónoma”, señaló.
Por su parte, Jesús Marín, de Comisiones Obreras, lamentó que los trabajadores del Centro Estrada “no ven reconocido ni retribuido el excelente trabajo que se lleva a cabo en un centro de referencia a nivel estatal e internacional” y reclamó que “se reconozca la formación que se pide” en tareas “específicas y cualificadas” para “prestar un servicio público con tareas propias de un funcionario” pero con “retribuciones que distan mucho de ello”, de forma que “el conflicto no parará hasta que no se reconozca el trabajo que se lleva a cabo”.