Turismo paró cambios ilegales en los pliegos de San Isidro

La Audiencia Nacional retomó este jueves el juicio por la pieza separada de la Operación Púnica que está vinculada a la Diputación de León.

El primer interviniente en la sesión fue Manel Sallés, asesor de la agencia Evolución Viajes, que en octubre de 2014 declaró como imputado ante la Guardia Civil y poco después quedó apartado de la causa y lo hizo como testigo ante el juez Eloy Velasco. Explicó que hubo entonces dos reuniones, una en Cádiz y otra en Madrid, en un hotel de Gran Vía, para abordar la elaboración de un plan de revitalización de la estación de esquí de San Isidro. Tras el contacto inicial, el segundo encuentro –en el que participaron el entonces presidente de la Diputación, Marcos Martínez Barazón y los también imputados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa– sirvió para que el testigo les explicase que lo principal era «alinear la estructura y el funcionamiento de las cafeterías con las necesidades del público que acudía a la estación de esquí de San Isidro». «Entonces no se hablaba de que se iban a licitar las cafeterías, pero de forma verbal daba la sensación de que todo estaba muy atado pese a que no se hubiese firmado nada», agregó.

Cuando la fiscal le preguntó si en las reuniones se había hablado de la posibilidad de formar una sociedad para la gestión de las cafeterías, reconoció que sí. «Es más, cuando me enteré de que el presidente podía ser uno de los socios, aunque fuese de forma encubierta, les dije que eso no era legal y me apartaron. Luego le dijeron a Eduardo –responsable de Evolución Viajes– que no me querían ver más. Yo le repetí que era ilegal y le dije que por nada del mundo metieran a un político en un tema de estos», defendió Sallés antes de asegurar que no sabía si el proceso de licitación iba a ser negociado sin publicidad pero que antes de que le apartasen sí le habían preguntado por empresas que pudieran estar interesadas.

Ya a preguntas de la abogada de Martínez Barazón, el testigo admitió que no sabía qué había ocurrido finalmente con la participación del entonces presidente en la sociedad. «Cuando salí de la reunión, me quedé con la sensación de que no tenían nada claro lo que iban a hacer. Escuché a Alejandro de Pedro decir lo de que Marcos iba a formar parte de la sociedad lucrativa, pero a él personalmente nunca se lo escuché», reconoció finalmente el testigo, que excluyó al interventor, el también imputado Jesús López, de estas negociaciones.

El segundo testigo que declaró en la sesión de este jueves fue el jefe del servicio de Turismo de la Diputación, Ovidio Altable, quien explicó en primer lugar que es habitual que las cafeterías de la estación se liciten cada cierto tiempo debido al vencimiento de las concesiones. Se refirió en este sentido a dos contratos –El Rebeco y Pico Agujas– y reconoció que fue la primera vez que un presidente le pidió que le remitiese los pliegos. «Me envió un correo y yo le respondí con los documentos y explicándole que no eran definitivos, porque estaban ya entonces en el servicio de Contratación y tenían que pasar posteriormente por Secretaría e Intervención a fin de que dijeran si todo era correcto o había algo que modificar», detalló el funcionario de la institución provincial.

Más adelante, siempre según el relato del testigo, el entonces diputado de Turismo, Miguel Ángel del Egido, le habría llevado una copia de los pliegos en papel con dos aspectos corregidos a fin de que pudiese valorar su inclusión por indicación del presidente.

Altable ordenó una providencia del diputado en la que quedara constancia de la orden de valorar esos cambios y a partir de entonces comencé a trabajar con la directora de la estación de esquí de San Isidro, Olga Álvarez.

El primero era el de la adjudicación preferente en licitaciones posteriores en función de la eficiencia en la prestación del servicio, algo que el testigo reconoció de inmediato como «ilegal», por lo que se descartó su inclusión en los pliegos de las cafeterías.

El segundo cambio era la valoración de iniciativas de explotación y acciones de publicidad que contribuyesen a revitalizar la estación de esquí. En este caso sí se incluyó la modificación por considerarse «positiva» y por eso se ha mantenido en concursos posteriores. Admitió que es un criterio «subjetivo» que pasaba a representar el 20% de la valoración del concurso frente al 80% centrado en cuestiones económicas. «Nos parecía positivo valorar que la gente lleve un cortador de jamón a la terraza de las cafeterías, que organicen eventos de música en directo o que promocionen todo esto en los medios de comunicación», argumentó el jefe del servicio de Turismo de la Diputación. «¿Que si me sentí influido? Sí, pero solo desde el punto de vista de que me pidieron que cambiara cosas, pero luego pudimos ver y decidir lo que podía ser positivo y lo que no», apostilló.

Finalmente, testificó en la sesión de este jueves la directora de la estación de esquí de San Isidro, quien consideró que se trataba de temas políticos «a largo plazo» y que nadie le había comentado nada concreto más allá de «habladurías». «Estaba de vacaciones y el jefe del servicio de Turismo me llamó para pedir un vehículo con motivo de una visita. No sabía nada de ningún proyecto concreto ni que viniesen consultores desde Madrid. Si hubiera sido algo firme, me habrían consultado», sentenció Álvarez.