La Unión General de los Trabajadores señaló ayer al Gobierno de España como «responsable» de la situación de «precarización del trabajo» que sufren los trabajadores del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de León (Estrada), que gestiona el servicio telefónico de atención al ciudadano 060 y tareas externalizadas de la DGT.
En este sentido, recordaron que «el contrato de licitación es público» y que la administración es el cliente y «establece unos acuerdos de servicio y unas penalizaciones que puede ejercer sobre la empresa licitadora por el incumplimiento de dichos acuerdos». Por eso, consideraron que «si no son informados sobre si se están ejerciendo esas penalizaciones, implicaría un posicionamiento de la administración a favor de la dirección de la empresa, dejando sin efecto la huelga realizada con un gran esfuerzo por una plantilla con bajas remuneraciones».
Así lo apuntó ayer el sindicato después de que los trabajadores del Centro Estrada se manifestaran ante la sede de la Delegación del Gobierno en Valladolid.