Un balón de oxígeno para los municipios

El Ministerio de Hacienda impulsará las medidas que considera más urgentes para permitir que las entidades locales –municipios y diputaciones– tengan más recursos y un mayor margen presupuestario para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia de coronavirus.

Esta iniciativa –que se articulará en las próximas semanas mediante un nuevo decreto ley– llega después de que el Congreso tumbara el pasado jueves el que recogía el acuerdo alcanzando con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar la cesión a la administración estatal de los remanentes de las entidades locales, un texto que sólo contó con los votos afirmativos del PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó que el objetivo del nuevo decreto ley pasará por recuperar el 85% de las medidas que ya se incluían en el anterior y que contaban con un mayor grado de consenso político, como es el caso de la suspensión de la regla de gasto para el presente ejercicio.

Esa regla, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy, restringía a los municipios el uso del superávit presupuestario, ya que solo les permiría destinarlos a amortizar deuda o depósitos bancarios.

Además, también se pretende prorrogar para este año el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, una medida cuyo impacto alcanza los 987 millones de euros en el conjunto del país. La intención del Ministerio de Hacienda pasa también por permitir que se concluyan en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros en el conjunto de las entidades locales españolas. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

En el caso de la provincia de León, el superávit de las entidades locales supera los 77,6 millones en los dos últimos años. De ellos, 35,8 corresponden a la Diputación y 41,8 a los municipios que cerraron sus cuentas anuales con saldo positivo en 2018 o 2019, aunque hay que tener en cuenta que no todos han presentado aún sus cuentas.

El departamento encabezado por la ministra María Jesús Montero recogerá además en este nuevo decreto las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las entidades locales que se encuentren en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación.

También se permitirá a estos municipios que cancelen sus deudas del plan de pago a proveedores con préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería. Se permitiría finalmente que las diputaciones auxilien a los municipios con problemas. Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas.