Son los cálculos que manejan los responsables de una investigación que se inició hace 17 meses y que dio sus primeros frutos este martes con 55 entradas y registros en ayuntamientos, empresas y domicilios en diversas comunidades autónomas, 19 requerimientos de información, medio centenar de detenciones y 15 personas que han pasado a disposición judicial.
En el centro de la trama, destapada por un juez de Badalona que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de dispositivos de gestión de tráfico, la empresa Gespol –filial de Sacyr–, y los leoneses José Luis Ulibarri y Ángel Luis García, dos de las cuatro personas que están ahora mismo en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
La operación tenía como objetivo ratificar las conductas ilícitas que habrían llevado a cabo los responsables de la trama y que se habrían detectado a través del análisis de las conversaciones registradas en decenas de teléfonos pinchados. Los empresarios leoneses habrían actuado de conseguidores, es decir queeran los encargados de poner de acuerdo a las administraciones que licitaban los contratos con la empresa Gespol, según la información de Estrella Digital.
Es preciso recordar que un total de 15 personas pasaron a disposición judicial en Badalona, de los que seis eran leoneses. La información remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña refleja que el magistrado ha acordado cuatro ingresos en prisión provisional, comunicada y sin fianza –dos de ellos son Ulibarri y García– y libertad provisional con medidas cautelares para los once restantes (cuatro leoneses). Se trata concretamente del concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo y diputado Juan Carlos Fernández, su asesor en la institución provincial, Sadat Maraña, el que fuera concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Astorga, Juan José Simón, que trabaja para una empresa de Ángel Luis García, y la mano derecha de Ulibarri, el también empresario Miguel Hernán Manovel.
De forma paralela, la investigación de la trama de los contratos de gestión de tráfico derivó en la apertura de una pieza separada por parte del Juzgado de Astorga, que se centraría fundamentalmente en obras vinculadas a la mejora de parques infantiles. También los empresarios Ulibarri y García estarían en el centro de esta trama.
Las piezas de Astorga y León
Cabe recordar que cinco personas pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad en calidad de investigados con la obligación de comparecer ante el órgano judicial cuando sean llamados. Se trataba de el alcalde de Astorga, Arsenio García, y de los concejales Pablo Peyuca, Manuel Ortíz y Javier Guzmán. Las investigaciones están dirigidas hacia varias obras: la pista de ‘skate’, la cubierta del polideportivo y el entorno de las piscinas. Todas ellas fueron llevadas a cabo por la empresa Agema, que es propiedad de Ángel Luis García Martín y una de las que figuraba en la lista de doce que portaban en los registros los agentes de la Udef que llevaron a cabo la denominada Operación Enredadera.
La quinta persona que pasó a disposición judicial en Astorga fue el alcalde de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, que también está siendo investigado por diferentes obras contratadas con la citada empresa.
Además de la pieza separada de Astorga, el Juzgado de Instrucción 1 de León está investigando otra pieza separada –también declarada secreta– aunque por el momento no se va a informar sobre los detalles de la misma.
En cualquier caso, fuentes del Ayuntamiento de León han confirmado que al menos tres personas –un concejal y dos técnicos– han sido citados a declarar por el juez en la capital durante el mes de septiembre. Falta por saber en este sentido si la pieza separada de la capital servirá para aumentar la nómina de imputados leoneses tras una operación que también incluyó registros en San Andrés y Villaquilambre.