El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y la presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León, Mercedes Garrido, presentaron hoy el nuevo protocolo, que actualiza un documento de referencia anterior, común para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. También, participó el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, en el acto, tras el que se pondrá a disposición de los diferentes profesionales esta herramienta de trabajo.
Sáez Aguado remarcó que el protocolo recoge de manera ordenada y sistemática las actuaciones que deben llevarse a cabo ante la sospecha de un caso de malos tratos a un menor. El consejero subrayó que ahora ve la luz el trabajo iniciado hace tiempo por los profesionales de la Red de Protección a la Infancia, de los pediatras de Atención Primaria y de la Gerencia Regional de Salud para hacer frente a las diferentes modalidades de maltrato, físico, psicológico, los abusos sexuales, las negligencia o la desatención.
En ese sentido, el consejero recalcó que el protocolo ayudará a mejorar la identificación y los criterios de actuación ante una sospecha por parte de los profesionales sanitarios sobre el maltrato, un problema que dijo no está “demasiado estudiado” en España. Sáez Aguado aseguró que se estima que el cinco por ciento de los menores sufren en alguna ocasión algún tipo de maltrato, una cifra que señaló puede extenderse también al ámbito de la Comunidad.
Asimismo, el titular de Sanidad indicó que el pasado años, según los datos del sistema de protección y atención a la infancia de Castilla y León, se recibieron 971 notificaciones sobre posibles casos de desprotección, de los cuales 36 procedían del sistema de salud. Además, Sáez Aguado informó de que de los 449 nuevos expedientes abiertos, 27 lo fueron tras la notificación del sistema de salud. Por ello, confió en que esta herramienta mejore la notificación, comunicación y actuación de los sanitarios.
Formación y tiempo
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Pediatras de Castilla y León, que planteó a la Consejería la necesidad de elaborar el protocolo, pidió a Sáez Aguado más formación para los profesionales sobre esta materia, así como un mayor tiempo disponible en las consultas, ya que explicó que en diez minutos no puede atender a un niño con sospecha de maltrato. También, aseguró que debe existir una mejor coordinación interinstitucional.
Por ello, la doctora Garrido consideró al protocolo como un “paso adelante” puesto que reconoció que no existe una coordinación “eficaz” y unos “cauces de comunicación claros”, lo que indicó genere actuaciones en ocasiones “contradictorias”. Además, advirtió de que a veces lo que se genera es la “revictimización” de los niños. También consideró que en los años de crisis, pese a no existir estudios al respecto, es posible que se haya producido un incremento, porque argumentó que la pobreza y la exclusión es un problema de salud, y en su opinión, el “maltrato es uno de ellos”.
Actuación de los servicios sociales
Por su parte, el gerente de Servicios Sociales remarcó que en los años de mayor “virulencia” de la crisis la Junta no detectó un mayor número de casos de maltrato, en concreto, por la actuación “proactiva” de la Junta, con ayudas para cubrir las necesidades básicas de las familias. Explicó que algunas muestran una oposición a los equipos de servicios sociales que tratan de resolver los problemas detectados, porque no reconocen que exista.
En concreto, Carlos Raúl de Pablos señaló que en 2015 ofrecieron protección a 1.800 menores, de los que 1.200 se encuentran tutelados por la Junta. Insistió en que entre los cero y los seis años se apuesta por los acogimientos familiares y para el resto de chicos por los centros públicos. No obstante, el gerente recalcó que los menores donde “mejor están” es con sus familias.
Además, destacó la modificación del protocolo de casos de riesgo grave, que permite la actuación de la Junta con una resolución administrativa, así como los esfuerzos en prevención, con una iniciativa en la que los jóvenes protegidos por la Junta explican a otros su experiencia.
Protocolo
El protocolo, además de sensibilizar al personal sanitario, recoge de manera ordenada y sistemática las actuaciones que deben llevarse a cabo en los casos de maltrato infantil. Promueve la correcta cumplimentación del parte de lesiones y la hoja de notificación realizada por los centros sanitarios, para que sirva de herramienta clave en el procedimiento judicial. También coordina la información, mejorando los canales de derivación y estableciendo los circuitos de comunicación adecuados tanto dentro de la red sanitaria como con los recursos de otras instituciones, fundamentalmente servicios sociales y educación.
Ante la presencia de uno o varios de los indicadores que sugieran presencia de maltrato infantil, el profesional sanitario deberá registrarlo en la historia clínica del paciente y entrevistar a los padres y al menor presuntamente maltratado. Se realizará una exploración física y psicológica y, en caso de que sea necesario, se indicarán exploraciones complementarias. Asimismo, se analizará la situación familiar.
Tras estos estudios se concluirá con la sospecha o con la evidencia de maltrato infantil, con lo que se procederá a la notificación del caso a los Servicios Sociales después de realizar una valoración tanto del riesgo que corre el menor de sufrir nuevos episodios como de la gravedad de dicho maltrato.