El campo leonés volverá a salir a las calles de León unido en un tractorada el próximo 23 de febrero. Han pasado ya casi cuatro años de aquel 28 de febrero de 2020 de su última unión para llenar las calles de la ciudad de León con casi 800 tractores y más de 4.000 personas en una marcha histórica convocada de forma conjunta por las cuatro organizaciones agrarias profesionales (opas) de la provincia (Asaja, la Alianza Ugal-UPA, Ucale-Coag y UCCL) donde urgieron medidas para el sector agroalimentario ante los elevados costes de producción y la escasa rentabilidad de sus explotaciones.
Una grito de auxilio que se vio finalmente más agravado con el estallido de la pandemia del covid-19 apenas dos semanas después de esa gran protesta –donde los profesiones del sector siguieron dando el callo en plena situación de estado de alarma para llenar los supermercados de productos– que trajo consigo un incremento mayor de los costes de producción ante la situación que se vivió a nivel mundial y que, tampoco, se libró de la crisis de la guerra de Ucrania. Ahora, sumado a ello, agricultores y ganaderos se encuentran ante las exigencias de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2023-2027 con la soga al cuello que hacen prácticamente inviable la práctica de su actividad atendiendo meramente a requisitos burocráticos que les impide hasta cultivar su propio terreno, entre otros de los muchos problemas que presentan.
Ante esta situación, a propuesta de Asaja en la Cámara Agraria Provincial la semana pasada, las cuatro opas volvieron a llegar a un acuerdo este lunes por la tarde para salir de nuevo a las calles de la ciudad de León el próximo viernes 23 de febrero para solicitar una revisión del Plan Estratégico de la PAC que permita flexibilizar las exigencias medioambientales y, particularmente, eliminar el barbecho, la rotación y la diversificación de cultivos, entre otras reivindicaciones.
Así lo explicaron en un comunicado conjunto las cuatro opas, donde apuntan que también acordaron instar a las organizaciones de ámbito superior –autonómico o nacional– para marcar un calendario de protestas más amplio bajo la unidad de todo el sector. Por otro lado, señalaron que solicitarán reuniones con el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, con el delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, y con el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, para «exponerles los problemas del sector que puedan estar bajo sus competencias o que den traslado a niveles superiores de la administración». Por último, definieron una la tabla reivindicativa que resumen los principales problemas que preocupan a todos los agricultores y ganaderos de la provincia leonesa.
Reivindicaciones
Las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos pasan, además de por una revisión del Plan Estratégico de la PAC, por reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, «exigiendo las mismas normas de producción y comercialización que en la Unión Europea», acabar con «el oligopolio de los abonos», reducir los impuestos especiales y el IVA de los carburantes y de la electricidad y promover la libre competencia, actuar a través de la Ley de la Cadena Alimentaria «para impedir la venta a pérdidas y reforzar el papel del productor en la negociación de los contratos» o una revisión de toda la normativa en materia de sanidad y bienestar animal, tratamientos fitosanitarios y abonado de los suelos agrícolas.
Las organizaciones también solicitan la mejora de los pastos en los montes públicos y la revisión del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, que el lobo deje de ser especie especialmente protegida y que todos los daños que provoquen las especies salvajes, autorizar el uso de nuevas técnicas genéticas y organismos modificados genéticamente, «respuestas rápidas y eficaces en la autorización de productos fitosanitarios», planes de sanidad animal que «afronten los retos de las enfermedades tradicionales», normalizar todas las ayudas a la modernización de explotaciones o elevar a 350.000 euros el importe máximo de facturación para permanecer en el sistema de módulos fiscales de la agricultura.
El sector también abogó por derogar el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero y negociar uno nuevo que cuente con el consenso del sector y de todas las administraciones agrarias implicadas, un plan «ambicioso» para cerrar el mapa de la modernización del regadío y de los nuevos regadíos en la provincia de León, así como un plan de inversiones para aumentar la capacidad de agua embalsada, otro plan de seguros agrarios en el que «se asegure por la producción real esperada, se indemnice el cien por cien de los daños del siniestro y se subvencionen las pólizas con los importes máximos permitidos por la Unión Europea» y legislación que «proteja de forma estricta» las tierras agrícolas y de pastos de los proyectos de macroparques fotovoltaicos y de sus líneas de evacuación.