García afirmó que las industrias lácteas no cumplen la Ley de la Cadena Alimentaria y "quieren ejercer un derecho de pernada, de imposición de precios, al eslabón más bajo, como vienen haciendo desde el año 2000". En ese año había en España unas 60.000 granjas lácteas, hoy quedan poco más de 10.000. "Un proceso de cierres masivos motivado por una crisis de rentabilidad impuesta por las industrias a los ganaderos, con la colaboración de las grandes cadenas de la distribución", argumentó.
El sindicato mostró su malestar con el hecho de que las industrias lácteas "quieren seguir imponiendo unilateralmente los precios" sin tener en cuenta ni los costes de producción ni la situación del mercado, "tal y como están volviendo a hacer en los contratos que se están renovando desde el pasado mes de abril", explicó García. Los ganaderos esperan que en las próximas semanas el Tribunal Supremo les dé la razón y se frene así este comportamiento "éticamente impresentable" de la industria, porque "prefieren que la distribución les siga imponiendo a ellos el precio de la leche líquida para después ellos trasladar esas bajadas hacia los ganaderos".
Batalla judicial
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo acogió una sesión de presentación de informes periciales, "lo que en la práctica supone la presentación de pruebas argumentales para blindar o, en su caso torpedear, una Ley aprobada por mayoría en el Parlamento", explicó UPA. La fuerza sindical fue crítica con las industrias lácteas, representadas por su federación Fenil, a las que calificó como "las únicas en toda la cadena alimentaria que se han aventurado a tratar de desmontar una norma reivindicada por los agricultores y ganaderos durante años".
UPA explicó que sigue peleando por hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria que modificó el sistema de fijación de precios para equilibrar el beneficio de intermediarios y productores. "Un año y medio después de la modificación que determinó la prohibición de comprar cualquier alimento a un precio inferior a los costes del eslabón inferior, el futuro de esta legislación se juega en los tribunales", apuntó el sindicato en un comunicado.