Además de las habituales preguntas orales de la primera jornada de la sesión plenaria, el calendario de las Cortes de Castilla y León otorga a la UPL la defensa de una Proposición No de Ley (PNL). Es por ello que la formación leonesista llevará esta semana al hemiciclo el debate para la supresión del peaje de la autopista AP-66 que une León y Asturias, atendiendo a la "ilegalidad" de la prórroga de la última concesión que ha comunicado la Comisión Europea y por ser esta la solución "más conveniente para la ciudadanía". De esta manera, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, será el encargado de defender una propuesta que buscará el apoyo del resto de formaciones para que la Junta inste al Gobierno de España a suprimir este peaje. Todo ello, después de que la la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea ha señalado que la prórroga hasta 2050 que se hizo de la concesión de la autopista AP-66 (que une la Región Leonesa con el Principado de Asturias) con el denominado peaje del Huerna, se hizo de forma ilegal, al realizarse infringiendo las normas de la Unión Europea.
En este caso, la Comisión Europea ha comunicado este hecho al Gobierno de España, al que le ha abierto un procedimiento de infracción por incumplimiento de las normas sobre concesión de autopistas, en una prórroga de concesión realizada en el año 2000 por el Gobierno central dirigido por José María Aznar, habiéndose mantenido y prolongado esta situación con gobiernos posteriores, y que en caso de no haberse dado dicha prórroga ilegal, la concesión habría finalizado en el año 2021.
Esta declaración de la Comisión Europea como ilegal de la prórroga de concesión de la AP-66, abre la puerta a cambiar el estatus de esta vía, y teniendo en cuenta el perjuicio que supone para la Región Leonesa la existencia de un peaje para el acceso e intercambios comerciales con Asturias, desde Unión del Pueblo Leonés consideramos que la opción más lógica sería que el Gobierno de España (atendiendo además a la difícil situación socioeconómica que atraviesa la Región Leonesa y, en general, el conjunto del oeste de España) acometiese la supresión del peaje existente en la AP-66. Es por eso que creen que las Cortes de Castilla y León deben solicitar a la administración estatal que opte por esta solución como la más conveniente para esta tierra.