Urbaser incumple acuerdos por los que adquirió Carflor y pone en riesgo 1.500 empleos en León

La multinacional Urbaser, actual accionista mayoritaria de la empresa Carflor, incumple los acuerdos por los que se le permitió adquirir la compañía de origen leonés hace ahora algo más de tres años. Esos acuerdos hacían referencia tanto al crecimiento de la propia compañía como al mantenimiento de su actividad en León, así como del empleo que aquí genera en esta provincia y que, entre puestos directos e indirectos, ronda los 1.500 empleos.

Los mencionados incumplimientos y un total desacuerdo en la forma de gestión de la empresa han provocado hace algunas semanas la dimisión del que fuera su fundador y hasta entonces presidente, Manuel Lesmes, que en virtud del compromiso con su tierra que ha mantenido durante toda su trayectoria profesional exigió en el momento de la venta que la actividad de Carflor se mantuviera en esta provincia, sin perjuicio de que su volumen y su dilatada experiencia le permitiera ampliar su actividad en otros territorios.

Carflor es actualmente una de las empresas adjudicatarias del servicio de ayuda a domicilio de la Diputación, con la que mantiene una deuda de en torno a tres millones de euros. Se trata de una indemnización que cobró Carflor a instancias de la sentencia dictada por el juzgado de León, que consideró irregular el proceso de adjudicación del contrato de la ayuda a domicilio que, en tiempos de la presidencia de Isabel Carrasco, terminó beneficiando a una empresa que entonces pertenecía a José Luis Ulibarri. Recurrida esa primera sentencia por parte de la Diputación, el Tribunal Superior de Justicia consideró que la indemnización a Carflor debía ser menor, lo que explica la deuda que la compañía de origen leonés mantiene con Diputación. Urbaser, como accionista mayoritaria de Carflor, no ha iniciado las negociaciones con Diputación para la devolución de esta deuda, lo que pone en grave riesgo tanto la estabilidad de Carflor como de los 1.500 empleos que genera.

Se trata de una circunstancia que, curiosamente, se produce a la vez que tanto FCC como la multinacional Urbaser, ahora de capital americano, acaban de recibir la liquidación de su millonaria deuda por parte de Gersul, consorcio para la gestión de residuos en la provincia del que Diputación es la principal responsable, un acuerdo de mucha mayor envergadura al que la institución provincial y la compañía han podido llegar sin graves complicaciones y que, más que probablemente, repercutirá en la subida del impuesto que todos los leoneses pagan por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

Tanto el juzgado de León como el TSJ reconocen las irregularidades en el proceso de adjudicación de aquel contrato de ayuda a domicilio, proceso que se reinició sin la argumentación debida y por el que ahora tanto los políticos que formaron parte de aquella junta de gobierno (algunos de ellos aún en activo) como los más altos funcionarios de la institución provincial se enfrentan a penas que podrían llegar incluso a tener que afrontar con su patrimonio personal.

Este incumplimiento en el pago de la deuda a Diputación, entre otros, llevó recientemente a presentar su dimisión al que fuera fundador de Carflor, Manuel Lesmes, de la que se han hecho eco numerosos medios de comunicación de la provincia a lo largo de los últimos días. Pese a a haber vendido la participación mayoritaria a Urbaser, Lesmes seguía manteniendo hasta hace poco los cargos de presidente y consejero de Carflor, pero dimitió de todos ellos al comprobar que la multinacional incumple muchos de los acuerdos alcanzados en el momento de la venta.

Urbaser centró hasta hace poco años toda su actividad en la gestión de servicio medioambientales, lo que ha convertido a la multinacional que en tiempos perteneció a Florentino Pérez, posteriormente a una empresa de capital riesgo procedente de China y actualmente a una sociedad americana convertirse en una de las principales beneficiarias de los contratos públicos de las administraciones, como ha sido el caso de la provincia de León.