Para ello, el secretario provincial del sindicato, Antonio Nicolás, ha presentado unos informes del Consejo de Cuentas donde se habla de las «irregularidades en la gestión económica, sin asientos de contabilidad, movimiento de dinero en metálico sin control o facturación simulada», por lo que esperan que «se depuren responsabilidades» en las que se hayan incurrido y comprobar «que ningún responsable haya metido mano en el cajón».
En el escrito, Nicolás afirma conocer «actuaciones indiciarias constitutivas de delito» por parte del vocal, Jorge Pérez, y la presidenta, Berta Llamazares.
La denuncia nace del despido de ocho trabajadores de las instalaciones, entre ellos «el representante legal de los trabajadores y una empleada embarazada». «Se estima fundadamente que dichos despidos son consecuencia de sus declaraciones a los medios de comunicación», por lo que entiende que vulneran las actividades reivindicativas con las que opera.
En el ámbito financiero, fiscal y contable, la representación sindical señala que el vocal, con la autorización de la presidenta, «lleva a cabo pagos irregulares en los que, después de recibir dinero en metálico de sus concesionarios, llegó incluso a pedirle el pago de un canon directamente a algún acreedor de la Junta». También sostiene la Unión Sindical Obrera que la Junta Vecinal presta y organiza actividades con un precio público y que los ingresos «no han sido asentados contablemente».
Antonio Nicolás achaca a la «errática administración» las duras críticas del Consejo de Cuentas y también afean la actuación de ambos acusados por una «factura simulada obtenida para defraudar a la entidad aseguradora de la junta vecinal». Estos hechos, según USO, son constitutivos de delitos de «discriminación laboral por razón de ideología y falsedad documental», por lo que solicita a la fiscalía su intervención.