Val de San Lorenzo aprueba de forma unánime la implementación del Plan de Igualdad

Se trata de la primera pequeña localidad leonesa que aprueba la implementación de estas medidas

Rodrigo Álvarez
08/07/2024
 Actualizado a 08/07/2024
Imagen de archivo de los vecinos de Val de San Lorenzo.| LNC
Imagen de archivo de los vecinos de Val de San Lorenzo.| LNC

El pasado 25 de abril, el Ayuntamiento de Val de San Lorenzo aprobó la implementación del Plan de Igualdad, junto con el apoyo y participación de la Fundación Mujeres. Esta localidad leonesa de 500 habitantes se convierte así en la primera pequeña administración de la provincia que procede a su aprobación. Tendrá efecto durante todo el mandato, es decir, hasta el año 2027.

Consiste en promover el principio de igualdad de oportunidades en el trabajo, favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y establecer medidas efectivas para prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación directa o indirecta, incluida la discriminación salarial por razón de sexo.

Este plan de igualdad cuenta con el apoyo del proyecto europeo Alicia, dirigido a la igualdad de oportunidades, la no discriminación, y mejorar la empleabilidad, haciendo hincapié en las mujeres, independientemente de su situación personal y familiar. Este proyecto cuenta con la subvención del El Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

El Ayuntamiento, a través de la Diputación de León, se ha puesto en contacto con la Fundación Mujeres, quien ha establecido un diagnóstico de la situación, para posteriormente elaborar un plan de actuación y prevención frente a las situaciones de acoso. La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre establece que todas las administraciones públicas del estado están obligadas a disponer de protocolos frente a situaciones de acoso sexual.

El protocolo debe contener una declaración de principios, es decir, que todas las personas tengan las mismas condiciones de igualdad y dignidad, independientemente de su sexo, vida personal y familiar. Posteriormente se esclarecen los órganos y personas encargadas de aplicar las medidas para la prevención y protección de las víctimas. El proceso debe de contar con garantías que aseguren su eficacia, mediante un régimen disciplinario y sancionador, finalmente se esclarecen las medidas de reparación de las víctimas.

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