Cuatro votos a favor en un pleno que cuenta con 21 concejales fueron suficientes para que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo apruebe la subida del precio de la tasa de abastecimiento y conservación del alcantarillado, que llevaba vigente desde diciembre de 2016 y había supuesto un déficit anual para las arcas del consistorio que se había disparado desde 2023. Solo UPL con los votos de cuatro de sus seis concejales (una ausencia en el pleno extraordinario se sumó a la de María Ángeles González, que tras renunciar aún no ha sido sustituida) dio el visto bueno a la medida, con los votos en contra de los tres representantes de Vox y la abstención del resto de los concejales presentes.
Reconocía la alcaldesa del municipio, la leonesista Ana María Caurel lo «impopular» de la medida, pero la necesidad de llevarl a cabo «porque si no sale del bolsillo de cada ciudadano va a salir en inversiones que no se van a poder hacer por el ayuntamiento. Lo justo es que cada vecino pague lo que consuma y no nos queda más remedio, porque el desfase entre lo que se consume y lo que pagan los vecinos se iría por encima del millón de euros».
A pesar de sus abstenciones, las críticas fueron muchas y variadas por parte de la oposición, si bien coincidiendo todos ellos en las formas del equipo de gobierno para llevarla a cabo, convocando el pleno a última hora de este pasado jueves «y con informes firmados durante la mañana, con una propuesta cerrada, cuando es una cuestión por la que se lleva preguntando en las comisiones informativas desde hace meses», según explicó el portavoz del PSOE Benjamín Fernández, que aseguraba que el déficit venía siendo «asumible» durante la anterior legislatura bajo su gobierno tomando la decisión política de asumir ese coste. La última factura pagada por el Ayuntamiento a Aquona, la empresa adjudicataria del servicio y correspondiente al año 2022, ascendió a los 647.000 euros.
Por su parte, la portavoz del Partido Popular Noelia Álvarez recordaba que el actual contrato «tiene secuestrados a los vecinos de San Andrés» hasta el año 2046 tras la prolongación en 2010 de un acuerdo firmado en 1996 en unas condiciones «poco claras, cuando incluso se llegó a secuestrar entre comillas a personas para que no votasen».
Los únicos que se posicionaron en contra de la subida fueron los tres concejales de Vox, que animaron a la alcaldesa, según explicó su portavoz Fernando Prieto-Olite, a denunciar a la empresa adjudicataria «por unas cláusulas abusivas, le recomendamos que vaya a negociar y si no planteése denunciar, puede parecer que no tenga mucho recorrido pero recuerden cuestiones como la cláusula suelo o techo», que han sido finalmente favorables para los demandantes.
En cualquier caso, una vez publicada la medida en el Boletín Oficial de la Provincia, llegarán alegaciones por parte de los grupos políticos tal y como adelantó la concejala de Izquierda Unida, Laura Fernández, que aseguró que a pesar de lo entendible de la subida de la tasa«había formas de aplicarla de una manera más justa y equitativa» y denunciando la calidad del servicio «pésimo a precio a de oro». Igualmente también aseguró que la subida no cubrirá el déficit y obligará al ayuntamiento a aprobar un nuevo crédito extraordinario, una línea similar a la que mostró el representante de Ciudadanos Rafa Sánchez, incisivo también en sus críticas a las formas del equipo de gobierno.