Vox hace pública su propuesta de Gobierno

Vox hizo público en la noche de este jueves una “Propuesta de acuerdo base para un gobierno de coalición en Castilla y León”, ante la falta de acuerdo con los populares que recoge 29 medidas para detallar en una negociación una vez constituidas las nuevas Cortes, reclama para la formación de Abascal la Presidencia de las Cortes y la Secretaría tercera de la Cámara, así como una vicepresidencia de la Junta y tres consejerías en un hipotético Gobierno que tendría nueve departamentos.

Después de conversaciones presenciales y telefónicas y pocas horas antes de que se constituyan las nuevas Cortes, Vox considera que existe una "negativa del PP a alcanzar un acuerdo”, pero añade que “fieles a los compromisos con los votantes y respetuosos con los votantes del Partido Popular que fueron mayoritarios en las elecciones del pasado 13 de febrero" han desarrollado una propuesta de acuerdo base para la legislatura.

Además de la propuesta, el candidato de Vox, Juan García-Gallardo, afirma en un mensaje en twiter que "el PP se empeña en negar a los votantes de Vox el mismo trato que dio a su anterior socio". "Todavía está a tiempo de rectificar y aceptar esta propuesta o, en caso contrario, explicarle a sus votantes por qué no ha querido este gobierno para Castilla y León", advierte.

En dicha propuesta, explica que en el Gobierno de coalición la Presidencia de la Junta de Castilla y León recaerá en el Partido Popular y seis de las nueve consejerías, mientras que la Vicepresidencia de la Junta, la Presidencia de las Cortes y la secretaría tercera de la Mesa del Parlamento serían para Vox. Es la misma propuesta que han defendido desde la noche electoral: que quieren el mismo trato que tuvieron con los anteriores socios, en referencia a Ciudadanos.

Según señala, las bases para un acuerdo de legislatura deben ser detalladas una vez constituidas las Cortes y con anterioridad a la sesión de investidura, hasta conformar un programa estable de gobierno.

En concreto, marcan doce ejes de gobierno, tres compromisos para los primeros 90 días y 29 acciones. Así, plantean que en los primeros tres meses se reducirán todas las subvenciones públicas a sindicatos, patronal y organizaciones políticas y los fondos dedicados a la publicidad institucional, la derogación del decreto de Memoria Histórica y Democrática y la eliminación de partidas y normativas que promuevan el efecto llamada y “favorecen el tráfico de seres humanos”.

Como ejes de gobierno, proponen vigilar y defender la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de Castilla y León, promover la solidaridad entre todos los territorios de España y fortalecer el papel de las provincias y municipios, la defensa de los intereses del campo, la industria, el comercio y nuestro territorio ante la Unión Europea o la garantía de unos servicios públicos de calidad, compatibles con una reducción de los impuestos autonómicos.

Otros ejes son el desarrollo de mejores infraestructuras de comunicaciones y transporte para la conectividad del territorio, la atención a las demandas legítimas de las provincias, el apoyo a las familias, a la natalidad y a la lucha contra la despoblación, como centro de las políticas públicas, la reducción significativa del gasto institucional y supresión del gasto público superfluo o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos y el compromiso para no subir impuestos propios o crear alguno nuevo.

Como acciones, recogen la reducción de diez a nueve consejerías, la aprobación de la ley de Desarrollo y Competitividad Rural, habilitar un fondo de 300 millones de euros para indemnizar a las PYMES y autónomos de los sectores perjudicados por las medidas de contención del Covid, promover el equilibrio territorial entre las provincias, garantizar la sanidad pública reforzando la inversión.

Igualmente, plantean eliminar cualquier discriminación en la atención a las víctimas de violencia doméstica, aprobar una ley de violencia intrafamiliar que reconozca y repare por igual a cualquier tipo de víctima, impulso de una política de apoyo a la familia y la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos.

En educación, exige una EBAU única en todo el territorio, fortalecer la universidad y la investigación y garantizar la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años, la libertad en la elección de centros y el “derecho inalienable” de los padres a decidir la educación de sus hijos.

Aprovechar los nuevos fondos europeos y garantizar que lleguen con transparencia, rapidez y eficacia, desarrollar una política fiscal inteligente, capaz de atraer y retener tejido productivo, acabar con la discriminación histórica a Castilla y León y una financiación autonómica justa, solidaria son otras de las acciones.