El pleno de las Cortes de Castilla y León debatirá este miércoles una proposión no de ley presentada por Vox contra el actual modelo de los macroparques de las energías renovables. El texto incorpora en su fundamentación las motivaciones y peticiones que la asociación León Propone ha esgrimido para reclamar una revisión del despliegue de las energías renovables, con "mayores garantías medioambientales y beneficios directos a los territorios" en las que se instalen.
El procurador burgalés de Vox Ignacio Sicilia Doménech será quien exponga las peticiones que formulará su grupo parlamentario. Las peticiones coinciden casi en su totalidad con las planteadas por la asociación León Propone en 2023 ante el Parlamento Europeo, y han sido respaldas por todos los grupos políticos en la Mesa de las Cortes de Castilla y León, el Senado y las Diputaciones por las que ha pasado, como León y Cáceres. Todo ello, "debería facilitar que la PNL cuente con el respaldo de todos los grupos políticos", señalan desde León Propone.
A continuación, se detallan las peticiones que realiza León Propone referentes al modelo energético:
"Para lograr una compensación económica real y directa de los beneficios que generen la producción de energía eléctrica verde (incluida la hidroeléctrica, al menos) en los territorios que albergan las plantas de generación, se proponen dos medidas:
- Establecer un ingreso específico para las provincias productoras de energías renovables: “fondo de compensación”. No sé trata de imponer un impuesto nuevo, aunque en España existió uno hasta 1985 con este mismo objetivo, denominado "canon energético". Planteamos que un porcentaje del IVA que se paga por la generación y/o comercialización de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, se distribuya entre las provincias en función de producción de su territorio. En España, este ingreso para las provincias productoras podría derivarse del denominado "impuestos a las eléctricas".
- Reserva de espacio en las redes de distribución y comercialización y puntos de conexión próximos para las actividades económicas locales de interés público, como las comunidades de regantes, las empresas electro intensivas tractoras de la economía local o los polígonos industriales “verdes”; paralelamente, la obligación a las compañías titulares de las redes de transporte de la energía eléctrica de permitir la conexión y vertido de la producción de estas instalaciones en el punto más próximo a las mismas, nunca superior a 500 metros.
Para conseguir mayores garantías medioambientales, se plantean tres medidas complementarias:
- Mayor control en las autorizaciones para evitar su instalación en zonas que gocen de algún tipo de protección medioambiental, agroganadero o cultural.
- Concreción del nivel de restauración de los terrenos que albergan las instalaciones de renovables cuando se agote su vida útil física o su rentabilidad económica.
- Creación de un “fondo de restauración”, suficientemente dotado y ejecutable para el caso de que, por cualquier motivo incluido la quiebra, las empresas instaladoras y/o explotadoras no lo hagan".