Los tres fueron asesinados el 28 de octubre de 1936, pocos meses después del golpe de Estado, aunque sus actas de defunción no fueron asentadas hasta más de un año después, ya fuera de plazo. La zona estaba a pocos kilómetros del frente de batalla, pero no se produjeron en ella combates armados, por lo que el proyecto de la ARMH apunta a que son «víctimas de una represión que trató de eliminar a todo oponente y agente que se hubiera posicionado en contra del levantamiento militar o que simplemente no le mostrara su apoyo».
La información llegó a la asociación a raíz de una exhumación realizada durante el verano del año pasado en Cospedal de Babia. Dos sobrinas de una de las víctimas contactaron con ellos aportando los datos de los que disponían y comenzaron las indagaciones. Conversaciones con vecinos, visitas al Registro Civil y diversa documentación completaron el puzle de sus biografías. Además, se abrió la posibilidad de que los restos de una cuarta persona estuvieran en el mismo enterramiento. Teodora Alonso Tejerina, cuya defunción data del 24 de febrero de 1937, era familia de dos de los represaliados y los últimos testimonios sitúan sus restos en el cementerio de Torrebarrio o en el de Candemuela.
Este sábado seguirán trabajando en la zona donde aparecieron restos para recuperar todo lo posible e identificarlo Una vez recopilada la información, el primer trabajo sobre el terreno se realizó en febrero de este año, una prospección con detectores de metales en la que se encontró un casquillo de fusil Mauser alemán con marcaje de 1935. Esta misma semana, ha comenzado la intervención de la ARMH en la zona con otro rastreo en el que hallaron tres casquillos más.
«La gente dice que están aquí y todo indica que están aquí. Ahora estamos a la espera de que aparezcan los primeros restos, tampoco ha aparecido ningún objeto personal», contaba a media mañana de este viernes José Manuel Doutón, investigador y voluntario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Mientras, la retroexcavadora realizaba catas con un metro de separación y bajo la atenta mirada del equipo, que revisaba la tierra para comprobar que no había ningún objeto de interés. También contaron con las indicaciones del hijo de una de las personas que enterró los cuerpos, ya que al parecer fueron fusilados y abandonados en el paraje y, posteriormente, vecinos de la zona inhumaron sus cadáveres.
Tras varias horas de intenso trabajo llegaron los resultados y aparecieron los primeros restos que pueden corresponder a las víctimas. Este sábado seguirán con las labores de búsqueda y una vez recuperados, se verificará su identidad y se entregarán a sus familias. Ese es el fin último. «Son familias que llevan más de 80 y 85 años esperando para encontrar a sus familiares, en algunos casos los hijos ya han fallecido pero sobrinos o nietos siguen recogiendo el testimonio y peleando durante toda una vida hasta que al final contactan con la asociación», explica José Manuel Doutón mostrándose satisfecho por el trabajo que viene realizando una organización «que trabaja con sus medios propios y voluntarios», sin ningún tipo de financiación pública. «Trabajamos por y para las familias, las familias nos reclaman sus desaparecidos y nosotros nos vaciamos para su búsqueda sin ningún tipo de rédito», concluye.
Sus biografías
Una de las informaciones «importantes» que recabaron durante la investigación fue que Alipio Alonso Tejerina, el más joven de la fosa con entre 34 y 36 años de edad, era agricultor y maestro en Brañalamosa, una pequeña localidad del concejo de Pola de Lena. Era común, cuentan desde la asociación, que los vecinos de esta zona se desplazaran a pueblos cercanos de Asturias cuando eran requeridos para ejercer en sus escuelas. De su profesión de maestro se recuperó una carta en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, fechada en abril de 1934, en la que pide al ministro de la Gobernación que le reinserten en la escuela en la que trabajaba, de donde le habían expulsado en base a unos informes que él consideraba facciosos.Alipio fue detenido junto a su padre, Víctor Alonso, de 71 años. De él se sabe que era natural de La Majúa y tras enviudar, se casó en segundas nupcias con la madre de Alipio, reconociéndole a él como hijo y dándole su apellido.
La tercera víctima de la fosa de Candemuela es Manuel García, de 71 años y residente en Torrebarrio, al igual que Víctor y Alipio. Era labrador, estaba casado y era padre de cinco hijos, según la investigación.