La incertidumbre sobre el futuro de Álvarez, que ya ha avanzado que no tiene intención de dimitir aunque desde el PSOE se haya iniciado el proceso para suspenderle de militancia tal y como marca el código ético de la formación, es la última ‘muesca’ deun municipio que se ha acostumbrado a vivir políticamente pendiente de los Tribunales y donde el entendimiento entre equipo de Gobierno y oposición parece imposible.
De hecho, desde el año pasado, el Partido Popular anunció que forzaría en los tribunales la anulación de todos los actos en los que participase la interventora interina, cuyo nombramiento ya había quedado anulado en enero de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de León.
También desde el Partido Popular se llevó a los tribunales la falta de información previa para llevar a cabo sus funciones de control y fiscalización, consiguiendo dejar sin efecto varios puntos del día de los plenos.
La factura de la luz
Otro de los principales motivos de enfrentamiento entre gobierno y oposición fue el polémico contrato de gestión energética de iluminación exterior del municipio firmado durante el Gobierno de Adolfo Canedo.
El actual tripartito siempre se opuso al considerar que «no tiene ningún beneficio para los vecinos» y su cumplimiento también llegó a los Tribunales, ya que el actual equipo de Gobierno consideraba desproporcionados los más de 2 millones de euros a pagar en 12 años en un contrato blindado que se han negado a pagar «por iniciativa propia a no ser que un juzgado nos los diga taxativamente», declaró en su día el Álvarez.
De no adscrito a no adscrito
Si bien las posturas de ambos parecen irreconciliables, Álvarez podría recorrer un camino muy similar al que realizó Canedo hace pocos meses. Ante la inminente suspensión de militancia, Álvarez podría optar por pasar a ser no adscrito para conservar la alcaldía, algo que ya hizo el propio Canedo.
El ex regidor optó por pedir su baja voluntaria hasta que se cerrase la causa judicial abierta contra su persona por un presunto delito de falsificación de documento oficial y estafa procesal en grado de tentativa y durante varios meses ejerció tanto en el Ayuntamiento como en el Consejo Comarcal como no adscrito.
El pasado mes de noviembre ya absuelto, fue readmitido por la formación popular.