Así queda reflejado en el informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad, recogido por Ical, y que muestra cómo la autonomía castellano y leonesa sigue perdiendo población en términos absolutos, al pasar de los 2.400.898 habitantes de 2019 a los 2.396.301 que figuraban como residentes en la comunidad y sus áreas de influencia en 2020.
Una pérdida de población que sobre todo se refleja en los núcleos más pequeños de la comunidad, lo que el informe llama ‘medio rural profundo’, y que se refiere a los municipios de menos de 2.000 habitantes que no ejercen funciones de centros comarcales y de servicios. Y es que estos municipios, 1.970 en todo el territorio, perdieron un total de 7.682 habitantes para pasar de los 468.740 que había en 2019 a los 461.058 del año 2020, una caída del 1,64 por ciento.
Esta situación provoca que el medio rural profundo, que en cuanto a extensión sobre el territorio y número de localidades agrupa la gran mayoría de Castilla y León, al suponer el 87,59 por ciento de los municipios, represente cada vez menos porcentaje poblacional de la comunidad, pasando del 19,52 por ciento que suponía en 2019 al 19,24 por ciento que representa en 2020.
En la misma situación se colocan los llamados centros de tercer orden de Castilla y León, o lo que es lo mismo, los núcleos de menos de 2.000 habitantes que sí ejercen funciones de centros comarcales y de servicios. Así, la pérdida de población, unida al cambio de un municipio de categoría, hace que se produzca un descenso de 2.526 habitantes entre 2019 y 2020, un 4,2 por ciento menos, que baja la representatividad de estas localidades a un 2,39 por ciento de la población total de Castilla y León.
La suma de ambas pérdidas hace que, en total, los municipios de menos de 2.000 habitantes de la comunidad agrupen una pérdida de 10.208 residentes, un 1,93 por ciento menos que el número de ciudadanos que vivían en estos núcleos en 2019. De esta manera, además, las localidades de menos de 2.000 habitantes, mayoritarias en Castilla y León al representar casi un 90 por ciento del total de municipios, engloban poco más de una quinta parte de la población de la comunidad, en concreto, el 21,63 por ciento.
El último rango de municipios de la Castilla y León que pierde población de manera ostensible es el de los centros de segundo orden, correspondientes a los pueblos que tienen entre 2.000 y 5.000 habitantes. Y es que estas 43 localidades pasaron de los 128.957 habitantes con los que contaban en 2019 a los 125.454 con los que iniciaron 2020, un 2,7 por ciento menos, que hace que estos municipios pasen a aglutinar el 5,24 por ciento de la población, frente al 5,37 por ciento de castellanos y leoneses con los que contaban el año previo.
Más población en áreas periurbanas y capitales
En el lado contrario, y frente a la caída total de 13.711 habitantes en los municipios de Castilla y León de menos de 5.000 residentes, se erigen las capitales de provincia, las áreas periurbanas y las localidades llamadas de primer orden, con más de 5.000 habitantes, que aumentan en todos los casos su población con respecto al año precedente.
En términos totales, el mayor aumento se da en los municipios de más de 5.000 habitantes, también llamados centros de primer orden, cuyo número de residentes crece en 4.620, lo que supone un aumento con respecto al año anterior del 3,1 por ciento.
No obstante, este crecimiento debe matizarse, puesto que a este grupo de municipios se unió este año El Burgo de Osma, sumando una localidad más de entre las que integran las de más de 5.000 habitantes hasta las 23, por lo que en realidad, los centros de primer orden se mantienen en números similares a los de 2019, con una ligera pérdida aproximada de 400 habitantes, representando el 1,02 por ciento de los municipios de Castilla y León e integrando el 6,4 por ciento de su población.
Sí crece la población de los 133 municipios que componen la zona de influencia urbana y las 24 localidades que integran las áreas periurbanas en un 0,8 y un 0,5 por ciento respectivamente, alcanzando los 155.500 habitantes las zonas de influencia urbana y los 192.448 los municipios que forman las áreas periurbanas. Todos ellos representan, en conjunto, el 14,52 por ciento de la población de la comunidad, un porcentaje ligeramente superior al 14,4 del año anterior.
También aumentaron en conjunto los residentes de las nueve capitales de la comunidad, cuya población agrupada sumó 2.517 habitantes más a los 1.031.398 de 2019 para alcanzar en 2020 los 1.033.915 residentes. Este crecimiento, no obstante, no se produjo en todas las capitales y mientras Ávila y Soria crecieron un 1,1 por ciento, León, Palencia y Zamora vieron mermar ligeramente su padrón, siendo la capital zamorana la que más población perdió con un 0,7 por ciento menos.
Así, de entre los ámbitos de mayor población de la comunidad, solo las ciudades con más de 10.000 habitantes que no son capitales de provincia vieron disminuido su número de residentes aunque, en conjunto, en apenas 275 personas. Se trata de una pérdida del 0,13 por ciento que se eleva por encima del uno por ciento en Astorga y Béjar. Solo Miranda de Ebro y Aranda de Duero mostraron un comportamiento positivo, con crecimientos del 0,67 y 1,01 por ciento, respectivamente. En cualquier caso, la pérdida conjunta en estas ciudades fue menor que entre 2018 y 2019 (-942 habitantes) y que entre 2017 y 2018 (-1.511 habitantes).
Densidad más alta en el entorno de las capitales
El análisis de la densidad poblacional en Castilla y León también revela cómo el medio rural profundo sigue desangrándose, con la amplia mayoría de las comarcas de la comunidad con densidades por debajo de los 15 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en el entorno de las capitales y las ciudades con más de 20.000 habitantes se concentran densidades por encima de los 25 y los 50 habitantes por kilómetro cuadrado.
No obstante, las manchas de mayor ocupación también aparecen en algunas otras zonas, de manera excepcional, como en la hoya de El Bierzo; las zonas de regadío en León, que enlazan con los municipios zamoranos en el entorno de Benavente siguiendo los ríos Órbigo y Esla; el eje del río Duero en la línea Toro-Zamora; y las zonas del sur de la comunidad en las provincias de Ávila y Segovia, como los valles del Tiétar y del Alberche en territorio abulense y la Sierra de Guadarrama en el segoviano.
Pérdida de riqueza económica, social, cultural y natural
En cualquier caso, la progresiva despoblación del medio rural profundo en Castilla y León es definida como “una pérdida de riqueza” por parte de los colectivos agrupados en la Revuelta de la España Vaciada, para los que “no solo es económica” sino que también supone “una merma de los servicios esenciales como demuestra el modelo sanitario de Aliste, una pérdida de la cultura vinculada a los pueblos y una disminución de riqueza natural” porque recuerdan, a raíz del grave incendio de Navalacruz (Ávila), que los habitantes de los pueblos son “los grandes gestores del patrimonio natural” y que, sin población, “la labor de control y cuidado del medio ambiente se va a perder”.
Así lo esgrime, en declaraciones a Ical, uno de los portavoces del colectivo de la España Vaciada en Castilla y León, el zamorano Chema Mezquita, criticando que “ahora la Administración, nacional y regional, habla de despoblación pero no actúa”, fomentando con sus políticas “la concentración de los recursos en las grandes localidades y abandonando los pueblos”, como muestra, en su opinión, la escasa recuperación de habitantes en las grandes capitales de Castilla y León frente a la pérdida de más de 10.000 personas en el medio rural profundo de la comunidad.
Es por ello que desde la Revuelta de la España Vaciada en Castilla y León piden a Gobierno y Junta que atiendan las 101 medidas “imprescindibles” de su modelo de desarrollo para el mundo rural que exige, entre otras cosas, “un pacto de Estado en la lucha contra la despoblación, una fiscalidad diferenciada para el mundo rural que reduzca impuestos a quienes vivan y contraten personas en los pueblos más pequeños, impuestos verdes que penalicen las acciones contaminantes y las reviertan a las personas que cuidan el patrimonio natural, medidas para que las inversiones en renovables repercutan en el territorio, Sanidad presencial en los pequeños pueblos, y el mallado del territorio para que haya 100 megas de conexión mínima, un máximo de 30 kilómetros hasta vías de alta capacidad y 30 minutos para el acceso a servicios básicos”.
Y es que el medio rural profundo necesita, a juicio de Chema Mezquita, “un nuevo plan Marshall con inversiones de verdad” por parte de las administraciones nacional y regional, que deben ser “coherentes y responsables” con los fondos de la UE si no quieren ser acusadas de “postureo” por “llenarse la boca al hablar de despoblación para luego dedicar al mundo rural las migajas de las migajas de los fondos europeos”.