Para poner esta posibilidad sobre la mesa, la próxima semana está prevista una reunión con el Gobierno para darle a conocer la oferta de este inversor. “La Fundación Anclaje y la Junta estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer, que es buscar una solución industrial para la planta de León” que se ha “desindustrializado”, algo que está afectando “totalmente” al empleo de una provincia “con muchos problemas”.
Sin embargo, Del Olmo aclaró que la intención del Ejecutivo autonómico y la Fundación Anclaje no pasa por “interferir” en la parte social, sino que “la parte industrial y la social están separadas”, señaló. “La Fundación Anclaje no tiene intención de inmiscuirse o interferir en la negociación de ERE que se está llevando a cabo y que está próximo a cerrarse”, sino que es el comité de empresa quien tendrá que valorar “todos los factores” antes de tomar una decisión sobre los plazos y los términos de la negociación, recalcó.
La Fundación Anclaje es una entidad adscrita a la Consejería de Empleo, integrada por la propia administración autonómica, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) y los sindicatos CCOO y UGT. Su objetivo pasa por el apoyo a proyectos sociales e industriales creadores de nuevos empleos, así como por el impulso y difusión de la formación entre empresarios y trabajadores.
En julio de 2005, Vestas anunció su instalación en el polígono, con una inversión de diez millones de euros y la creación de 150 puesto de trabajo. Un mes mas tarde se iniciaron las obras de la planta de aerogeneradores, con el objetivo de empezar la producción en el primer semestre de 2006. Así en marzo, comenzó su actividad de modo que la producción de aerogeneradores pudiera emprenderse en abril de ese mismo año.
La compañía cumplió los plazos dados y la fábrica comenzó su actividad con la previsión de fabricar unas 300 barquillas al año del modelo V-90. El peso aproximado de las turbinas que se fabricaban en León es de 68 toneladas, y las barquillas se suministraron tanto en el mercado nacional como en el exterior.
Empleo y futuro
La multinacional danesa Vestas esperó a finales del pasado mes de agosto, momento en el que finalizaba el plazo de reclamaciones de 12,5 millones de euros de ayudas que recibió del Gobierno de España y la Junta, para presentar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo para los 362 empleados, cuyo plazo de negociación está a punto de cerrarse, y el anuncio del cierre de su planta en Villadangos, que fulminará otros 2.000 puestos de trabajo indirectos.Esta decisión movilizó a la sociedad leonesa, de manera que unas 2.000 personas, entre ellas numerosos dirigentes políticos, salieran a las calles de León a principios de septiembre para protestar por una decisión que consideraron injusta. También el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, arremetió contra la multinacional, de la que aseguró era una empresa “sin alma, ni corazón ni sensibilidad, que aprovechó recursos públicos y tiempos de bonanza”, para después marcharse a mercados emergentes.
A mediados de septiembre se produjo una reunión en Madrid en la que tanto la compañía como el Gobierno y los agentes sociales se comprometieron a seguir negociando para garantizar una actividad industrial en la planta de la compañía danesa en Villadangos. Aunque, tras una larga reunión, desde el Gobierno se llegó a anunciar la existencia de un principio de acuerdo que diera solución al conflicto laboral, ni Junta ni agentes sociales dieron luz verde a ese pacto sino que decidieron dar continuidad a la negociación para que Vestas comprometiera la búsqueda de un inversor o de una empresa que se instale en la factoría.
Tras esta reunión, las partes reconocieron el esfuerzo que se está realizando para alcanzar un resultado positivo para el futuro industrial de León, aunque se insistió a la hora de pedir una “garantía real y cierta” de la compañía de relocalizar la actividad en las instalaciones cuyo cierre anunció el pasado mes de agosto.
Además del pronunciamiento de las Cortes, la Junta y el Gobierno de España en defensa de la continuidad de la factoría, la Fundación Anclaje acudió a Bruselas hace unos días para pedir que Europa estudie la posibilidad de sancionar a Vestas por “un uso fraudulento de fondos públicos”. La delegación también fue recibida por responsables del Consejo Económico y Social Europeo, por IndustriAll Global Union y por el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete. En paralelo han continuado los contactos y la negociación entre el Gobierno, con el Ministerio de Industria al frente, la Junta y la empresa.