León ante el coronavirus, por Salvador Vidal Varela

Nos encontramos ante una crisis poliédrica que solo con soluciones tajantes podrá ser abordada y resuelta. En una situación de crisis los gobiernos de los estados suelen adoptar soluciones distintas en función de la ideología de su partido. Así, hay quien recurre a la austeridad dura y hay quien opta por aumentar la inversión pública. En la crisis económica de la pasada década el Gobierno de derechas optó por la primera vía, ahora el actual ha optado desde el primer minuto por defender a las personas, su salud, su empleo, su vida en definitiva. Hace unos días en La Vanguardia, Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución al que pude saludar el pasado aniversario de la Constitución, decía dando ejemplo a los tristes sucesores que ha tenido su extinto partido: «salvemos la salud de todos para reabrir el país, sería absurdo fallar en el tramo final».

Pues bien, esta crisis tiene varias caras por lo siguiente: en primer lugar, tenemos una clara crisis sanitaria donde la salud de las personas y su vida son los valores prioritarios, una crisis que durará mientras no exista una vacuna o un tratamiento eficaz de la enfermedad. El Gobierno central ha liderado el combate dirigiendo y coordinando la acción contra la pandemia además de la aplicación directa de grandes cantidades de dinero en medicamentos, infraestructuras, EPIs, etc.

En segundo lugar, estamos inmersos en una crisis social con una pérdida elevada de puestos de trabajo en muy poco tiempo, de hoy para mañana. Nunca se había visto algo así. Esto ha provocado mucha pobreza en la mayoría de los sectores, pertenecientes muchos de ellos a actividades afectadas por el parón de varios meses y con pocas posibilidades de volver pronto a la normalidad. Ante esto el Gobierno no ha dudado en adoptar medidas que van directamente al problema.

Las medidas aplicadas en esta provincia y sin pretender exponerlas todas, van dirigidas a las personas y a las familias que necesitan una solución urgente.

Vemos ayudas extraordinarias en materia de empleo como los ERTEs con procedimientos simplificados y sin merma de garantías; el permiso retribuido recuperable, un nuevo subsidio para empleadas del hogar que hayan perdido ingresos, un aumento de las partidas destinadas al paro o medidas urgentes en materia de empleo agrario que garanticen la disponibilidad de mano de obra.

Otras medidas han pensado en la vulnerabilidad de las familias mediante ayudas sociales en materia energética (prórroga del bono social eléctrico o la prohibición del cese de suministros básicos como el agua, la luz y el gas), inyección de dinero para paliar la pobreza infantil por la suspensión de los comedores escolares o comedores sociales con comida para llevar.

Por último, en el ámbito de la vivienda, citaré la moratoria en el pago de las hipotecas, la moratoria automática en el pago de la renta, la prohibición de los desahucios de inquilinos durante seis meses o las nuevas ayudas directas al alquiler de vivienda habitual.

Todas estas acciones serán reforzadas con el ingreso mínimo vital estatal valorado en tres mil millones de euros, por lo que cabe resumir todo en una verdad simple que además debe ser nuestro lema: el partido socialista considera que el gasto social no es gasto, es inversión, crea empleo y satisface las necesidades personales más básicas y elementales.

Por último, hay un tercer vértice de ese poliedro, se trata de una crisis económica que afecta a todo el tejido productivo y que se ha ensañado con los autónomos y pymes como nunca lo había hecho, parando su actividad durante meses, ralentizándola en el proceso de desescalada y obligándole a tomar tantas precauciones que en muchos casos hacen inviable su apertura. Esos negocios y comercios obligan a reformas tan costosas que ponen en la cuerda floja a actividades que ya venían arrastrando problemas desde hace una década. El Gobierno también ha actuado en este colectivo de gran importancia en León. Son bares, restaurantes, tiendas y comercios de todo tipo, sector turístico, etc. Lo ha hecho mediante líneas de crédito del ICO para facilitar la liquidez, prestaciones extraordinarias por cese de actividad, aplazamientos en el pago de deudas e hipotecas, suspensión de desahucios, moratorias en el pago de impuestos o cotizaciones sociales, prohibición de cortes de suministros, etc.

Frente a todos estos problemas tan complejos no hay una solución fácil como ciertos ‘profetas del pasado’ quieren hacernos creer. No sé si serán necesarias las nacionalizaciones en el sentido tradicional del término, pero el Estado debe volver a retomar el protagonismo que el mercado ha demostrado no tener en épocas de dificultades. No culpo al mercado, no olvido su vital importancia, constato un hecho objetivo.

Aplicado todo esto a la provincia de León, debemos incidir en cada sector afectado, en unos más que otros, reconociendo que el sector privado está gravemente herido. Partamos de esa premisa para poder pasar al siguiente estadio, reconocer que solo el Estado, lo público, puede y debe en un estado social como lo define nuestra Constitución, proceder a una mayor y mejor redistribución de las rentas entre los sectores y personas afectadas.

Se necesita un Estado más fuerte, mejor dotado de medios y capaz de organizar un país que ha quedado dañado por el virus.