El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, firmó el decreto que pone fin al proceso extrajudicial ordenado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe contra el sacerdote Oliver F. L., quien fue condenado por la Audiencia Provincial, en febrero de 2021, a tres años de cárcel como autor de los delitos de abuso sexual y ciberacosoa una menor de 16 años mientras ejercía sus labores sacerdotales en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias de la capital vallisoletana.
De este modo, a partir de ahora, “se levanta la suspensión para el ejercicio del ministerio sacerdotal”, decretada el 12 de enero de 2020, cuando el fiscal interpuso la denuncia. Sin embargo, se encuentra “limitado”, por lo que en su actividad pastoral no podrá tratar con menores de edad durante un plazo de diez años. Además, el cura deberá seguir un “acompañamiento psicoafectivo y espiritual durante los próximos dos años”, informa Ical.
Este procedimiento iniciado por el Arzobispado se establece, una vez el párroco ha sido juzgado por los tribunales del Estado y cumplida la pena de privación de libertad impuesta. “Era necesario terminar el proceso canónico”, espetó la institución en un comunicado recogido por Ical, que fue instruido por el Tribunal de la Rota de la Nunciatura en España a petición del, entonces, arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez. El proceso canónico estuvo interrumpido hasta conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid.
Los hechos se remontan a diciembre de 2019, cuando el sacerdote se puso en contacto con la menor, entonces de 13 años de edad, y su madre, ambas de nacionalidad rumana, para entregarle pequeñas cantidades de dinero al acudir esta habitualmente, junto a su madre, a la puerta de la iglesia para solicitar ayuda económica a los feligreses, tal y como se desprende de la sentencia.
Tras entablar confianza con la menor a través de mensajes de WhatsApp, el acusado insistió en verse a solas con la menor en el domicilio de esta aprovechando que su madre se encontraba ausente.
El 2 de enero, el acusado quedó en verse con la menor a la puerta de la iglesia, donde la agarró para tocarle las nalgas, circunstancia que quedó probada posteriormente al referirse a ella el párroco en varias ocasiones en sus mensajes de WhatsApp. Tras ello, la menor pidió al cura 100 o 200 euros mensuales para poder comprar una casa a su madre, a lo que el acusado se negó, por lo que la joven le dijo que su madre se había enterado de las conversaciones mantenidas entre ellos y que, si no le daba el dinero, avisarían a la Policía.
Al no prestarse el párroco a ello, la mujer y la menor acudieron a dependencias policiales el 10 de enero de 2020 para contar su versión de lo ocurrido y exhibir el contenido de uno de los vídeos sexuales enviados por el párroco, si bien no denunciaron los hechos. Al ser estos, no obstante, constitutivos de delito, el fiscal interpuso la denuncia el 11 de enero de 2020, por lo que se procedió a la intervención del teléfono y el volcado de su contenido para la investigación.