Castilla y León contará con casi 11 millones para el Bono de Alquiler Joven

El Bono de Alquiler Joven, destinado a inquilinos de entre 18 y 35 años y con una ayuda de 250 euros al mes, contará en 2023 con una aportación del Gobierno de 200 millones, de los que Castilla y León recibirá casi 11 millones, con 14.000 solicitudes presentadas en la Comunidad.

Este bono, que busca facilitar la emancipación de los jóvenes, está regulado por el Real Decreto de 18 de enero de 2022 y financiado por el Gobierno central pero su implantación corresponde a las comunidades autónomas. Es por ello que la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, destaca “el trabajo conjunto entre administraciones para ofrecer soluciones a la ciudadanía en el ámbito de la vivienda”.

“Tras el éxito de la primera convocatoria, con más de 14.000 solicitudes presentadas en Castilla y León en 2022, el Bono de Alquiler Joven se consolida”, señala Barcones a través de una nota de prensa.

La delegada incide también en la importancia de este tipo de medidas “para lograr una mayor cohesión social y reducir las desigualdades”. Además, como apunta, “facilitar el acceso a la vivienda se me antoja básico para afrontar uno de los grandes retos que tenemos en esta comunidad, la despoblación”.

Recuerda que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) firmó en diciembre un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Castilla y León que va a permitir la promoción de cerca de un millar de viviendas de protección pública energéticamente eficientes para alquiler social, principalmente para jóvenes.

Para el desarrollo de estas actuaciones, el Mitma va a aportar 27,2 millones de euros este año provenientes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El Bono Alquiler Joven consiste en ayudas de hasta 250 euros mensuales para fomentar el alquiler de viviendas entre los más jóvenes de la sociedad. El bono está destinado a inquilinos de entre 18 y 35 años y se concede por dos años, por lo que la ayuda total asciende a 6.000 euros (a razón de 250 euros al mes).

Los beneficiarios deben acreditar rentas de trabajo, es decir, contar con un contrato de trabajo. Además, sus ingresos anuales, con carácter general, deben ser inferiores a 3 veces el IPREM. El inmueble tiene que estar declarado en Hacienda. Además, la vivienda tiene que figurar como residencia habitual, certificada mediante el certificado de empadronamiento del solicitante.

El alquiler, en todo caso, no debe superar los 600 euros al mes. En caso de ser alquiler de habitación, este límite de precio es de hasta 300 euros por unidad, un tope que podrá elevarse hasta los 450 euros previo acuerdo de la comisión de seguimiento.