Amilivia, que planteó estas cuestiones durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León para presentar la memoria del Consejo Consultivo de 2017, reconoció que en la actualidad la plantilla, formada por 26 miembros, se encuentra ajustada la carga de trabajo, pero advirtió que el progresivo incremento de la actividad que viene registrando el Consejo se acelerará, a medio plazo, como consecuencia de la Ley de Contratos del Sector Público. “Se trata de abrir ahora un debate para evitar que dentro de unos años el Consejo Consultivo pueda sufrir un colapso”, apuntó.
Amilivia planteó esta cuestión después de resaltar el incremento de la actividad del Consejo Consultivo en 2017, donde el número de dictámenes se incrementó un 11,3 por ciento, hasta los 571, y las resoluciones aprobadas por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales un 31,5 por ciento, hasta las 121.
Además, también anunció que el próximo 20 de junio se celebrará en la Universidad de Salamanca un acto de conmemoración de los quince años de la creación del Consejo Consultivo.
En su exposición, también destacó la eficiencia de la Institución entendida como la celeridad en la emisión de los dictámenes durante 2017 ya que el 94 por ciento de los informes solicitados se emitieron en un promedio de 13,10 días hábiles, frente a los 20 que establece el mandato legal, “contribuyendo a que la Administración actúe con celeridad y resuelva los asuntos en un plazo razonable”, aseveró.
De los 571 dictámenes emitidos, 250 derivaron de las consultas de la Junta, 316 fueron solicitados por la administración local y cinco por las Universidades. De esta manera, por tercer año consecutivo, los dictámenes generados por las Entidades Locales volvieron a superar a los recabados por los de la Administración autonómica.
En relación con las administraciones consultantes, en 2017 la provincia de Valladolid fue la primera en número de peticiones de dictamen con 109 (el 19 por ciento del total). A la provincia de Valladolid le siguieron las provincias de León con 103 (18 por ciento), Burgos con 84 (14,7 por ciento), Salamanca con 64 (11,2 por ciento), Zamora con 60 (10,5 por ciento), Palencia con 42 (7,3 por ciento), Segovia y Ávila con 27 cada una de ellas (4,7 por ciento respectivamente), y Soria con 12 (2,10 por ciento). El resto corresponde a consultas varias del ámbito de la Comunidad.
Dentro de la Junta, la Consejería de Sanidad fue nuevamente la que solicitó el mayor número de dictámenes, 146 (25,57 por ciento), seguida de la de Fomento y Medio Ambiente con 40 (7 por ciento), la de Educación con 30 (5,25 por ciento), la de Familia, con ocho (1,40 por ciento), las de Agricultura y Ganadería, Empleo y de la Presidencia, con seis, cada una, y la de Cultura y Turismo con tres. Los dictámenes del ámbito sanitario se incrementaron un 64,7 por ciento, pasando de 85 en 2016 a 140 en 2017 y totalizaron 12,8 millones de euros en indemnizaciones reclamadas.
Tribunal Administrativo
En cuanto a la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Amilivia indicó que el pasado año se presentaron 126, de los cuales se resolvieron 121, 101 por resolución y 20 por acuerdo. Por provincias de procedencia, Salamanca fue la primera con 22, seguida León con 19, Burgos y Valladolid, ambas con 18 respectivamente, Soria (7), Ávila (6) y Palencia, Zamora y Segovia, las tres con cinco. Otros 21 tuvieron como ámbito el conjunto de la comunidad.
Todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Mixto, que no contó con representación en la comisión, respaldaron la propuesta de Amilivia de estudiar un incremento de la plantilla del Consejo Consultivo, a la vez que le felicitaron por el trabajo y por la celeridad a la hora de sus dictámenes.
No obstante, tanto la procuradora de Podemos Natalia del Barrio, como el representante de CiudadanosJosé Ignacio Delgado, coincidieron en señalar que la memoria del Consejo Consultivo pone de manifiesto la deficiente gestión de la Consejería de Sanidad. Por su parte, la portavoz socialista en la Comisión, Gloria Acevedo, apuntó que este informe también deja claro la falta de transparencia de la Junta en la tramitación de las leyes, así como el incumplimiento a la hora del desarrollo reglamentario de las mismas.
Por su parte, el portavoz popular, Ángel Ibáñez, también destacó la celeridad del trabajo del Consultivo y aplaudió una ejecución presupuestaria que superó el 91 por ciento, a la vez que recalcó la notable reducción del número de dictámenes que afectan a la Consejería de Sanidad.