El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, presumió este miércoles de que las “políticas eficaces” de protección a las mujeres han supuesto “cero quejas” de posibles víctimas ante el Procurador del Común, después de que la socialista Patricia Gómez recriminara que haya calificado la violencia de género como “una anomalía”. La procuradora socialista manifestó, en el pleno de las Cortes, que García-Gallardo publicó un mensaje en 'X' (Twitter) el día en que una mujer fue asesinada en Béjar por su familia en la que volvía a negar la violencia de género y calificarla de “anomalía”. “Eso me produce rabia”, aseveró.
“¿Considera el vicepresidente de la Junta de Castilla y León que luchar contra la violencia de género es una anomalía en el mundo civilizado?”, preguntó Gómez, mientras que García-Gallardo enmarcó la pregunta en que no buscaba “la buena fe”, sino “el minuto de gloria” de la procuradora. Para “evitar manipulaciones”, reiteró que él quiere combatir todo tipo de violencia desde el respeto a la presunción de inocencia y a la igualdad de todas las personas con independencia de su sexo. “¿Qué es para usted una mujer?”, espetó a la socialista.
Gómez afirmó que hace 20 años representó a una víctima de violencia de género de la que no ha olvidado su cara y añadió que “hay que ser ignorante, machista y zafio” para rechazar que existe la violencia de género. La socialista ofreció algunos datos para rebatir la posición de García-Gallardo como que entre 2009-2022 de 1800 sentencias solo 153 hayan derivado de una denuncia falsa, por lo que pidió a Vox que “deje de mentir”. “Me siento orgullosa del Gobierno de España. El 23-J les dijeron no por negar la violencia de género”, concluyó.
En su turno, el vicepresidente de la Junta ofreció el dato de “cero denuncias” de mujeres maltratadas ante el Procurador del Común que atribuyó a las políticas del Gobierno, en especial desde la entrada de Vox, de protección de las mujeres.
Por último, manifestó que la única anomalía es que el Gobierno central de coalición se haya apoyado en “terroristas” para aprobar sus leyes o que acuda ahora a “un prófugo” de la justicia, en referencia a Carles Puigdemont, para la investidura de Sánchez. “La anomalía es que la ruptura de la unidad nacional se negocie en el despacho del presidente del Gobierno”, zanjó.