Las Cortes de Castilla y León aprobaron este martes los segundos presupuestos presentados por el Gobierno de coalición de PP-Vox, los más altos de la historia de la Comunidad con 14.562 millones de euros, un 5,45 por ciento más que en el ejercicio anterior, cuyos objetivos son la mejora de la calidad de los servicios sociales, la lucha contra la despoblación, el apoyo a las familias, el crecimiento económico y el empleo y el campo como sector estratégico.
PP y Vox impusieron la mayoría de sus 44 escaños en la votación final para aprobar las cuentas de este año -tendrán efecto retroactivo al 1 de enero- y rechazar la batería de enmiendas que en estos dos días ha defendido la oposición, molesta por la aplicación del “rodillo” por los socios y por no aceptar ninguna de sus propuestas, calificadas de “sensatas y realistas” por algunos de los ponentes.
Las numerosas votaciones de las enmiendas de la oposición y de las secciones se desarrollaron con normalidad y con el resultado de 44 votos (PP y Vox) y 36 de la oposición, excepto en la Consejería de Familia, que registró una abstención de la procuradora socialista Consolación Pablos.
Los procuradores de PP y Vox que dieron réplica a las enmiendas de la oposición alegaron que son unos “buenos” presupuestos y que no mejorarían con incorporar las iniciativas de los grupos, desestimadas con argumentos como que son reiterativas, una “carta a los Reyes Magos” o de difícil encaje técnico.
El presupuesto sale casi como entró en las Cortes, con la excepción de las 20 enmiendas que mueven 2,7 millones de PP y Vox a los presupuestos ya incorporadas al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda que llegó al plenario, así como otras 39 a la ley de Medidas.
Así, los socios tumbaron en estos dos días casi 2.500 enmiendas de los tres grupos de la oposición (Socialista, UPL-Soria Ya y Mixto), pese a que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, manifestó este lunes en la presentación del proyecto que quedaban dos días para “seguir intentando puntos de acuerdo que incorporen más ideas sin renunciar a lo esencial”.
Por su parte, PSCyL, UPL-Soria Ya y Grupo Mixto (Podemos, Francisco Igea y Por Ávila) ven unas cuentas “ineficaces” que no van a contribuir a mejorar la vida de las personas, ni sus servicios básicos, como la sanidad o la educación, ni van a contribuir al desarrollo equilibrado de la Comunidad.
Uno de los debates más encendidos se produjo en las cuentas de Sanidad, en las que los parlamentarios populares expresaron sentirse “orgullosos” del modelo de calidad que ofrece la Comunidad y culparon al Gobierno central del problema de la falta de médicos, mientras que la oposición se quejó de las listas de espera, del aumento de los conciertos privados y de las condiciones laborales a los profesionales.
Otro de los argumentos de los parlamentarios del PP fue la critica a los partidos “localistas” por su “victimismo”, base de “sus escaños”, y por entrar en “una carrera para ver cuál es la provincia peor”, como indicó Raúl Hernández. José Ramón García (UPL-Soria Ya) les respondió que quieren ejecución y no cifras y Vanessa García (Soria Ya) afeó que no vean las carencias de su provincia. “En las enmiendas parciales trocean la enmienda a la totalidad que ya fue rechazada, no podemos aceptarlas”, argumentó después Miguel Suárez, que admitió que estos dos meses de tramitación de las cuentas “son como el día de la marmota”.
El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ironizó al dar las gracias a los procuradores del PP por sus argumentos, dado que los ‘populares’ optaron, igual que en la Comisión, por no dar réplica al ex de Ciudadanos, lo que para éste es una falta de respeto institucional y un “acoso”.
Igea se emocionó en su turno en la defensa de sus enmienda a la Consejería de Familia tras reconocer que se le hace “cuesta arriba y es bastante eficaz” pero afirmó que él va a hacer su trabajo aunque “ustedes no me contesten” y añadió que hablaría de su modelo de cuidados porque "hay gente que nos necesita y estamos aquí para servirlos no para odiarnos”.
Como persona optimista mantuvo todas las enmiendas el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, pero lamentó al final la falta de acuerdo y calificó de “paripé” este trámite a la vez que deslizó si será el último presupuesto de la legislatura. .
Gasto de las consejerías
Las diez consejerías de la Junta de Castilla y León gestionarán 11.816 millones este año, un 3,8 por ciento más que en el ejercicio anterior, con Sanidad como la primera en gasto, con los 4.879 millones asignados, 126 millones más que en 2023 y un crecimiento del 2,7 por ciento; seguida de Educación, con un 4,5 por ciento más y 2.736 millones, y Familia e Igualdad de Oportunidades, con un 8,3 por ciento más y 1.368 millones.
En segundo lugar, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (6,7 por ciento y 545 millones); Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (6,6 por ciento más y 603 millones); Presidencia (6,5 por ciento más y 187 millones); Movilidad y Transformación Digital (1,7 por ciento más y 299 millones); Industria, Comercio y Empleo (2,3 por ciento más y 455 millones) y Cultura y Turismo ( 1,2 por ciento más y 214 millones). Economía y Hacienda decrece en un 3,2 por ciento hasta los 525 millones.
Ocho de cada diez euros se destinan a las políticas sociales, donde se incluye la vivienda junto con sanidad, educación y servicios sociales y dependencia, pero también se consignan recursos de 2.304 millones para el medio rural con el objetivo de luchar contra la despoblación y se destinan 489 millones vinculados a la cooperación con las entidades locales.
Por otro lado, las operaciones de capital suman 2.273 millones, un 0,57 por ciento más, de los que 1.090 millones (7,66 por ciento más) corresponden a inversiones reales y 1.182 millones a subvenciones, que merman en un 5,19 por ciento sobre 2023. En su conjunto, representan el 15,61 por ciento de los presupuestos.
La Junta de Castilla y León recoge beneficios fiscales, durante este 2024, por valor de 674 millones de euros que llegarán a 480.000 los contribuyentes, con las ayudas por nacimiento y adopción y con especial incidencia en el mundo rural con el objetivo de fijar población.
También, se aprobó la deuda pública que asciende a 1.748 millones y, por cuantía, sería la tercera Consejería, que sube un 21 por ciento respecto del pasado año. De ese montante, 1.441 se destinan a las amortizaciones y 343 millones a intereses.
En la sección correspondiente a las Cortes de Castilla y León, se rechazaron las enmiendas de UPL, Soria Ya y Francisco Igea, y los presupuestos del Legislativo se aprobaron con 72 votos a favor (PP, Vox, PSCyL y ocho en contra de UPL-Soria Ya, Francisco Igea y Por Ávila.
Las cuentas para 2024 se asientan en un escenario realista, según el consejero Fernández Carriedo, en el que se prevé un crecimiento del PIB del 1,7 por ciento (2 por ciento nacional y 0,8 zona euro); una tasa de paro que se situará en el 9,2 por ciento, 1,7 puntos por debajo de la media española con una previsión para 2024 del 10,9.