El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó este martes que el "radicalismo conservacionista", que atribuyó al Gobierno de España en materia de protección del lobo, conduce al "fracaso de muchos ganaderos» y al «abandono de los pueblos". Por ello, volvió a exigir a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que derogue la orden ministerial de protección del lobo, tras la apertura ayer de la Unión Europa a revisar su estatus mediante un periodo de recogida de información al respecto.
Suárez-Quiñones, quien se refirió al asunto del lobo en declaraciones recogidas por Ical durante el acto de firma con el obispo de Ciudad Rodrigo y Salamanca, José Luis Retana, del convenio de incorporación al Rehabitare de la Diócesis salmantina, insistió a Ribera en que camine "al lado de Europa", según matizó, "por donde van los derroteros de la conservación compatible con la vida en los pueblos, con la ganadería, con la actividad económica en el medio rural". "Esa sensibilidad que no ha tenido el Gobierno de España en el año 21, que se dé cuenta de ello, que no esté al margen de lo la dirección que lleva la Unión Europea", apostilló.
El consejero, no en vano, celebró que la Comisión Europa "haga caso" a la acción encarada desde los territorios afectados por la orden ministerial de 2021, incluyendo a Castilla y León, Galicia, Asturias o Cantabria. "Logramos un éxito ya el 25 de noviembre del año pasado, cuando el Parlamento Europeo, por primera vez, de forma mayoritaria, se pronunció a favor de revisar el estatus del lobo porque entendían que el régimen del norte del río Duero de España tenía que extenderse a otros territorios más flexibles en la gestión del lobo", recordó.
Suárez-Quiñones explicó que la Comisión Europea puso en marcha un proceso para realizar esa flexibilización. “Y eso pone a las claras que, mientras Europa pretende que el régimen que tenía anteriormente Castilla y León se extienda a otros territorios, el Gobierno de España lo que ha hecho es cambiar ese régimen por uno más endurecido. Es decir, el Gobierno de España va en dirección contraria", criticó.
El consejero defendió que, antes de la inclusión de la orden ministerial "por razones ideológicas", es decir, con la normativa del año 1992 que permitió la caza para controlar la población en ciertos territorios, incluido el norte del Duero, "el resultado era que las poblaciones de lobos iban creciendo, pero matizábamos los daños que causaban a la ganadería". Un "equilibrio razonable", según Suárez-Quiñones, hasta que el Ejecutivo central suspendió esa posibilidad que tenía la Junta de Castilla y León. "La ministra Ribera fue más allá de lo que había pensado la Unión Europea en el año 92", agregó.
"Nosotros nos hemos revuelto contra ello porque eso origina un incremento de daños muy importante a la gradería, sobre todo a la extensiva, la que está en nuestros montes, en nuestras dehesas, y que forma parte de la cultura y de la economía de nuestra Comunidad. Y que los continuos daños por el lobo producían el abandono de las explotaciones. Eso supone el abandono del medio rural, lo que favorece los incendios y la despoblación de nuestro territorio. Nos hemos revuelto y hemos estado en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea, con el comisario, y hemos realizado numerosas acciones porque entendíamos que eso era intolerable", finalizó el consejero.