Quiñones pide a Ribera que rectifique su "ataque injustificado" a las políticas de despoblación de la Junta

La Junta de Castilla y León ha remitido una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, en la que le exige una “pronta rectificación pública” por su “ataque injustificado, injusto y desleal a las actuaciones” de la administración autonómica para preservar el medio rural.

La misiva, que firma el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, responde a otra que la Junta ha recibido “con asombro” por incluir “interpretaciones distorsionadas de los datos estadísticos, con la intención de sustentar tu tesis de que en Castilla y León se ha perdido población porque se han recortado los servicios públicos”.“Unas manifestaciones que has vertido ya por dos veces de forma pública, y que consideramos improcedentes, innecesarias, injustas y, sobre todo, equivocadas".

“Efectivamente Castilla y León ha perdido población en los últimos años”, indica Suárez-Quiñones, quien recuerda que es un hecho que afecta a la mayor parte de los municipios en España, a un 63 por ciento, entre 2001 y 2018, a lo que se une que el 49 por ciento ha perdido más del diez por ciento. “Y de ellos, los municipios con mayor descenso de población están en Asturias y en Castilla-La Mancha". “Toda España ha visto estancado su crecimiento poblacional, ganando algo más de 400.000 habitantes que se han asentado en Madrid y los archipiélagos. Como sabes, estos cambios demográficos no se circunscriben a zonas concretas, sino que responden a una trasformación social y demográfica que afecta a toda Europa”.

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La carta íntegra se puede leer aquí.

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En concreto, la misiva, recogida por la Agencia Ical, responde a las palabras de Ribera en que acusaba a la Comunidad de perder población por el recorte de los servicios públicos. “Afirmar sin rubor que el cierre de colegios e infraestructuras sanitarias, como consultorios, en los últimos diez años es el causante de la despoblación de Castilla y León es una afirmación de nulo rigor técnico, de deslealtad institucional sin precedentes y que además se basa sobre una premisa totalmente falsa”, reitera.

Con el ánimo de rebatir las declaraciones de la ministra, Juan Carlos Suárez-Quiñones recuerda que la Comunidad ha adoptado medidas “sin parangón” en España para preservar la educación en el ámbito rural como las unidades abiertas con tres y cuatro alumnos en los pueblos; la red de 183 centros rurales agrupados (CRA), que es la más extensa del país; la puesta en marcha de los centros de Educación Obligatoria y el índice corrector para discriminar positivamente al medio rural en todas las convocatorias de ayudas para el alumnado, entre otras. “Nuestras políticas en educación lejos de ser un ejemplo negativo para la lucha del reto demográfico, como las presentaste, son un ejemplo positivo y únicas en España”, sentencia.

También hace referencia a las palabras de la ministra de Educación, Pilar Alegría, el pasado mes de febrero cuando apuntó que el servicio educativo en el medio rural en Castilla y León es un “ejemplo” para toda España.

Respecto al sistema sanitario, el consejero subraya que la sanidad es una “prioridad” para la Junta, que se traduce en el esfuerzo presupuestario de 2023, al que se asignan más de 4.753 millones de euros, que permiten la “garantía” de los servicios sanitarios en el medio rural. “De nuevo, los datos que citas demuestran una completa falta de rigor en cuanto al conocimiento de la situación de nuestra Comunidad, tanto en sí misma como en términos comparativos, habida cuenta que el Gobierno conoce sobradamente que las dificultades en Atención Primaria se dan en la totalidad del Sistema Nacional de Salud. La falta de médicos es un problema de Estado y requiere una actuación por parte del Ministerio de Sanidad”, expone el consejero.

Además, lamenta la falta de apoyo del Gobierno de España, ya que el actual sistema de financiación no tiene en cuenta la extensión, la baja densidad de población, la dispersión territorial, el pequeño tamaño de los municipios y la alta tasa de envejecimiento, por lo que coloca a los castellanos y leoneses en una situación de “inequidad”, obligando a la Comunidad a un esfuerzo extraordinario para mantener unos servicios sanitarios de calidad en el territorio. “Nuestra Comunidad realiza un gran esfuerzo económico y de recursos personales y materiales para garantizar una atención primaria de calidad en toda Castilla y León y especialmente en las zonas rurales; atención que en ningún momento ha dejado de prestar y reforzar”, repite.

No en vano, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio significa que la Junta realiza un “gran” esfuerzo económico y de recursos humanos y materiales para garantizar una Atención Primaria de calidad en las zonas rurales, tras señalar que hay 247 centros de salud (87 urbanos y 160 rurales) y más de 3.600 consultorios locales, que es la red más extensa de consultorios locales de España.

“Simplemente es falso que se hayan cerrado equipamientos sanitarios en el medio rural: No se han cerrado consultorios locales ni centros de salud ni ninguna infraestructura sanitaria. Todos los consultorios permanecen abiertos, incluso están abiertos los 105 consultorios locales que tienen cero tarjetas sanitarias, porque en verano hay personas que regresan a esas localidades y se les presta asistencia sanitaria”, sentencia en su carta.

En definitiva, la carta de la Junta se pregunta dónde están los recortes en la sanidad y el abandono del medio rural de Castilla y León. Por el contrario, denuncia una infrafinanciación, “una vez más” por parte del Estado y falta de ejercicio de sus competencias por el Ministerio de Sanidad.

Suárez-Quiñones también destaca que Castilla y León fue la primera comunidad en presentar un plan de trabajo, una Estrategia de Lucha contra la Despoblación, aprobada por unanimidad en el Pleno de las Cortes de Castilla y León en 2005. Y en 2010 la Junta de Castilla y León aprobó, después de un proceso de dialogo con los representantes sociales, políticos y económicos, una Agenda para la Población que ha estado vigente en los últimos 10 años. Todo ello ha generado, según enumeró, medidas fiscales favorables al medio rural, con ventajas en apoyo a las familias, los jóvenes, la natalidad, el emprendimiento rural, la actividad agraria y la dinamización del entorno rural.

Además, cita los incentivos a los jóvenes para la compra y alquiler de vivienda en el medio rural como la deducción en el IRPF y un tipo muy bajo en el impuesto de trasmisiones patrimoniales. “Como puedes comprobar, las medidas fiscales integran una auténtica fiscalidad diferenciada para el medio rural que, en cambio, brilla por su ausencia en cuanto a la fiscalidad estatal competencia del gobierno que integras”, precisa.

Por último, la carta de la Junta hace referencia al programa del retorno de población emigrante, la implantación del transporte a la demanda, el despliegue de redes en zonas sin cobertura y el apoyo a las familias, con el Bono Nacimiento, el Bono Concilia y la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

Frente a eso, afea a la ministra Ribera que no se lucha contra la despoblación con la retirada de la gestión del lobo a las comunidades autónomas e impidiendo su adecuado control, que ataca y diezma la ganadería extensiva y semi extensiva; la “demonización” a productos del medio rural como la carne o el azúcar; el cierre de actividades económicas clave del medio rural como la estación de esquí de Navacerrada; el cierre “precipitado”, y sin suficientes alternativas, de minas y centrales térmicas, y la posición en torno al futuro del sector del automóvil. “Son solo unos pocos ejemplos de acciones, entre otras muchas, del gobierno que integras que son ejemplo de ataque al medio rural y al reto demográfico”, manifiesta.