Los ingresos que supone la simple pertenencia a la LFP en materia de derechos televisivos y el trabajo diario que acarrea mantener al día las obligaciones administrativas con este organismo exige a los clubes tanto de Primera como de Segunda División fomentaron la ampliación de la plantilla no deportiva, una tónica que se extendió a otros ámbitos, ampliando los servicios de fisioterapia y recuperación o llevando a cabo inversiones con las que acortar distancias con clubes ya asentados en la categoría e incluso con una amplia trayectoria en la Liga BBVA.
Es el caso del renting de maquinaria para el cuidado del césped del Toralín, el nuevo autobús que el club estrenó esta misma temporada o el campo de entrenamiento anexo al estadio que permitía abandonar el maltrecho Colomán Trabado.
El regreso a la división de bronce supone el fin, al menos durante el nuevo periplo por la categoría, del capítulo de inversiones y volver a aligerar la estructura, inasumible en Segunda División B. Así, el club no renovará buena parte de los contratos que finalizan el 30 de junio, pero hará un esfuerzo para que el descenso no sea tan traumático y tratará de mantener el mayor personal posible, eso sí, reduciendo horarios, apostando en su gran mayoría por contratos a tiempo parcial.
Y es que el cambio de categoría conlleva recortes inevitables que también se extenderán al capítulo de inversiones. El club no se plantea ningún tipo de gasto extraordinario en ese ámbito y dedicará sus esfuerzos a mantener su capital humano.
La Deportiva tuvo esta temporada un presupuesto de 7, 2 millones de euros, el más alto de su historia, con un incremento de en torno a los dos millones con respecto al ejercicio anterior. En la 2011/2012, la última temporada del equipo blanquiazul en Segunda B, el presupuesto rondó los 1,2 millones de euros.
Ayuda en torno a los 850.000 euros
Para paliar el impacto a nivel económico que supone el descenso a Segunda B, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) cuenta con un sistema de ayudas dirigidas a suavizar el ‘golpe’.
Así, los equipos descendidos cuentan con la posibilidad de acogerse a este recurso, con una cuantía máxima de 1,2 millones en función de factores como los años en la LFP o asistencia media, aunque el club calcula que percibirá unos 850.000 euros.
Y es que del máximo posible, 1,2 millones, se detraerán las deudas con administraciones públicas, la propia Liga de Fútbol Profesional, clubes, jugadores y Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Aunque la Ponferradina puede presumir de contar con una de las economías más saneadas y no tiene deudas de ninguna clase con otros equipos o futbolistas, sí tiene pendiente diferentes pagos que disminuirán el impacto de la ayuda.
Al salir de la LFP, el conjunto berciano tendrá que devolver de golpe los tres plazos pendientes del préstamo del UCO, el sistema de Unidad de Coordinación Operativa que se empezó a utilizar en abril del año pasado.
La Deportiva también tiene que hacer frente al último plazo de devolución de la ayuda por el último descenso a Segunda División B. En aquella ocasión la cuantía fue de unos 600.000 euros que había que reembolsar, un sistema muy diferente al que ha entrado en vigor este año, ya que la ayuda es ‘a fondo perdido’, y los clubes no tendrán que devolverla aunque regresen a la Liga Adelante.