El alcalde de Cacabelos defiende que nunca impidió al interventor recuperar su puesto de trabajo

El alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez manifestaba su tranquilidad al declarar ante la Audiencia provincial de León por un presunto delito de prevaricación, por el que Fiscalía le pide una pena de hasta 13 años de inhabilitación, al no haber permitido, según la denuncia, la reinserción en su puesto de trabajo del interventor municipal tras una demanda del propio regidor por un enfrentamiento físico con él y una baja prolongada.

Aseguró Álvarez ante la audiencia que solo le pidió un reconocimiento médico antes de la vuelta «recomendado para los trabajadores con bajas superiores a tres meses», y lo hizo «por su propia seguridad y la del resto de trabajadores del Ayuntamiento debido a varios episodios de violencia verbal y porque había recibido el alta voluntaria tras no presentarse en dos ocasiones a las citas con la mutua» y en la que le informa de la existencia de un expediente sancionador abierto por la Junta de Castilla y León.

«He actuado conforme a la legalidad», destacaba el regidor, que considera la pena solicitada excesiva y que este caso esté politizado. De hecho el concejal no adscrito, Adolfo Canedo, se desplazó al juicio, al que fueron llamados peritos y el propio interventor y aseguró que había quedado claro que la Junta de Castilla y León había reclamado la vuelta del trabajador hasta cuatro veces.