El juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada se prepara para acoger el esperado juicio por un delito de alzamiento de bienes contra la Mercantil Española de Refrigeración S.L., que en Ponferrada contaba con esa firma (que englobaba firmas como Fridan, Dan, Danfri y Blafrío) y que extinguió los contratos de todos sus empleados hace más de 11 años, entre decisiones de la propia empresa y de los tribunales de justicia, a muchos de ellos sin abonar los salarios impagados ni las indemnizaciones correspondientes. Será este 30 de julio a las 9:00 horas cuando se produzca la vista y cuatro de los 22 empleados, justo los que realizaban laborales de oficina, tendrán que declarar. Han pasado más de 11 años de aquellos "despidos" que dejaron muy tocados, no solo económicamente, sino también psicológicamente a unos trabajadores que confiaban en los propietarios de la sociedad. Ahora llegan a juicio sin demasiada confianza en la justicia, pero sabiendo que la razón solo tiene un camino "estamos tranquilos porque ya han pasado muchos años", explica una de las personas afectadas "estamos cansados ya y queremos acabar con esto. No debería salir mal, pero ya no sabemos qué pensar".
En el juicio, al que llegan de la mano de varios letrados, se pedirán tres años y medio de prisión para el dueño de la empresa, Silvestre Blanco y otros 3 años de pena para el resto de acusados, incluido un hermano de este. Entre ellos estaba su esposa, pero ha fallecido este año y cuatro hijos que trabajaban en la empresa, aunque dos de ellos, el abogado y el economista, lo negaban.
Según las diligencias previas, Silvestre Blanco, que estaba casado en gananciales con Mari Carmen Álvarez, abrió la empresa Friger, que se ubicaba en Ponferrada, en 1968. Cuando se jubiló este, el mando pasó a manos de su hija Elena, como administradora única y más tarde al hermano de esta, José. Por tanto, como quedó probado, se trataba de una empresa familiar, en la que también operaban Gabriel, como abogado, y Alberto, como economista, además del tío de todos ellos, Bienvenido Blanco.
Fiscalía pide, además de la pena de cárcel para los acusados, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante toda la condena y la pena de 22 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad civil subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas para el dueño inicial, que será de 20 meses para el resto de acusados, en total seis.
Hace más de una década, Friger era una empresa puntera y nada parecía hacer ver que podría echar el cierre. Crecía incluso a nivel internacional. Llegó a tener sedes en Santo Domingo e iberoamérica, pero, en 2009, comenzaron los problemas con los trabajadores y los EREs. Llegó a tener una plantilla de 800 empleados, aunque, por aquel entonces, se había reducido a la mitad. La mayoría de los 400 empleados estuvieron trabajando un año sin percibir el importe de sus nóminas, aunque crédulos de que la situación se iba a reconducir. Incluso intentaban implicarse más con la producción, intentando que la venta mejorara la liquidez de la empresa y volviera a la línea de crecimiento.
No fue así y comenzaron las extinciones de los contratos de trabajo por causas económicas, organizativas y de producción con diversos EREs. Los trabajadores comenzaron a denunciar los impagos de sus nóminas por el procedimiento común del despido, y eso hizo que la empresa respondiera, ¿cómo?, cambiando de manos su capital, realizando diversas daciones en pago por parte de la empresa al resto de los acusados. En esos años, los propietarios de Friger comenzaron a mover las propiedades de fincas que tenían en Sevilla, en Tenerife, en toda Galicia... Según las diligencias previas, "todas estas maniobras fueron realizadas por los acusados a sabiendas de la situación de crisis económica de la empresa, provocando que los trabajadores no llegaran a cobrar sus créditos, (derivados de salarios e indemnizaciones por extinción, que resultaron impagados), en las ejecuciones de los procedimientos laborales, que se iniciaron en el año 2011 y fueron asumidos (en parte) por el Fogasa".
Los trabajadores cobraron un 35% de lo que se les debía y los acusados han seguido arrastrando esa deuda hasta ahora, cuando el juicio determinará si los bienes que evadieron de la sociedad deben ser devueltos a ésta. En este escenario, la cifra global de la responsabilidad civil que deberían abonar los acusados sería de unos 967.914 euros repartidos entre los trabajadores denunciantes. A cada trabajador se le deben cuantías que podrían estar en máximos de 50.000 euros.
"Debe ser el juicio más antiguo de Ponferrada"
A los trabajadores de Friger no les ha quedado otra que esperar. "Debe ser el juicio más antiguo de Ponferrada", lamentan. Y reconocen que esa espera ha tenido momentos duros. De aquella populosa plantilla solo 22 han denunciado el alzamiento de bienes y muchos de aquellos ya no están. Otros han sufrido enfermedades o el estrés de un proceso que no entendían. Desde dentro, lo que veían era una empresa que se movía como "una gran familia", de la que formaban parte. Veían como la empresa crecía y reinvertía en abrir nuevas sedes. Incluso solicitaba ayudas para llegar a más, y lamentan que se le concedieran sin controlar lo que estaba haciendo. Iba vendiendo propiedades y preparando, consideran, un engaño del que se sienten víctimas. Hoy, el caso les afecta en la cuantía de sus jubilaciones incluso, que se redujeron en más de la mitad, lastrando su futuro económico, mientras ven como Friger se deshizo, evadiendo sus múltiples propiedades, con las que hubiera podido hacer frente a los pagos que se les debían.
Incluso han conocido por los medios de comunicación que Gabriel Blanco, uno de los implicados que deberá sentarse en el banquillo, participó como socio en una empresa que, en enero, crearon el cabeza de Herrero Brigantina y su letrado Ricardo Fernández Lourido. Esa trama de estafas pirameidales se ha desmontado a principios de este mes con el descabezamiento de la dirección y la entrada en prisión de nueve miembros de la misma, entre ellos, este socio de Blanco.
Lamentan también la tardanza en el juicio, que ha tenido muchos reveses, recuerdan ahora que preparan el desembarco en el Palacio de Justicia el próximo martes. Les ha costado conseguir letrados que les defendieran, porque uno de los implicados en el caso también es abogado. La jueza de instrucción inicial fue expedientada por la dilación del procedimiento.
Ahora vuelve a la sala con cierta confianza en que la justicia llegue para esos 22 empleados y puedan recuperar el sueño.