A través del programa de subvenciones destinadas a facilitar una solución habitacional inmediata a mujeres en situación de vulnerabilidad, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables en Castilla y León, que desde finales de 2023 puso en marcha la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, en colaboración con Cáritas de Castilla y León, Cruz Roja y la Fundación Intras, comenzó en Ponferrada el año pasado la experiencia piloto para ayudar a familias con dificultades de acceso a la vivienda en nuestro entorno.
El programa consta de dos fases. La primera, de noviembre de 2023 a febrero de 2024, en donde se cubrió con esta subvención el pago del alquiler de 66 familias. Y en marzo se inició una segunda fase, que continúa en estos momentos.
A fecha de junio de este año se han cubierto los alquileres a 50 familias, pero ya no sólo en Ponferrada, sino también en las UPAS de Bembibre, Rivas del Sil y Órbigo (en estas tres últimas zonas desde marzo de este 2024). Así pues, 116 familias se han visto beneficiadas a junio de 2024 en este entorno por este programa de subvenciones, aunque algunas familias son receptoras de la subvención en las dos fases.
La semana pasada, en las Jornadas sobre Exclusión residencial celebradas en Valladolid, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció que la Junta dará luz verde a la continuidad de la subvención para este fin, en la que también va a participar la Fundación Personas, y cuyo importe global será de 2.070.000 euros, frente a los 605.475 euros con los que se había dotado hasta ahora. Ello recalca la importancia de disponer de ayudas destinadas a cubrir el alquiler a las familias con más dificultades.
El acceso a la vivienda, un derecho humano
Sonia Cortés, técnica del programa que tramita estas subvenciones en Cáritas de la UPA de Ponferrada, explica que "no se trata de una ayuda asistencial, sino que son familias que ya están en el programa de Empleo, con las que se están haciendo procesos de inclusión e itinerarios personalizados". Por ello, "si cambia la situación de la persona o de la familia, entendemos que tiene que salir de la subvención porque hay otras personas que pueden acceder a ella".
La subvención no es sólo para alquiler de pisos. En algunos casos, también de habitaciones, "ya que hay personas que por su situación social no pueden acceder al alquiler de una vivienda completa". Suelen ser personas más jóvenes en estos casos. "En Cáritas tenemos presente que el acceso a la vivienda es un derecho humano", aunque a veces los requisitos para que los más vulnerables accedan a él parecen no tener en cuenta esto", aseveran.
Afortunadamente, hay personas que han entrado en este programa de ayudas y ya han salido de él gracias a que han encontrado un empleo y/o han accedido a rentas sociales. Ello ha logrado cambiar a mejor su situación económica. "Mantener durante unos meses esta ayuda al alquiler les ha facilitado hacer un poco de ahorro, y en cuanto vemos que pueden ser autónomos en este sentido, salen de esta subvención para dar oportunidad a otras personas", destaca Cortés. Por ello hay familias que han accedido a estas ayudas por un periodo de tres meses, mientras que otras han percibido la ayuda durante seis meses, que es el máximo de tiempo que se ha subvencionado. Pero siempre enmarcada la recepción de la ayuda dentro de un proceso de inserción social.
Máximo de 600 euros al mes
Para poder optar a esta subvención se exige que exista contrato de alquiler y que el pago se realice mediante transferencia bancaria. El tope máximo que se cubre por familia es de 600 euros de alquiler al mes. "Trabajar en clave de derechos supone que este tipo de subvenciones ayudan en ese objetivo, con el fin de que no sea una ayuda asistencial, porque en Cáritas no trabajamos así, sino dentro de un proceso de mejora en la situación de cada familia", manifestó Sonia Cortés. Y todo en coordinación con los Servicios Sociales, que han facilitado "de forma ágil los informes de vulnerabilidad, ya que la subvención se destina a personas en riesgo de exclusión social".
El perfil mayoritario de quienes reciben estas ayudas son familias monoparentales (mujeres con hijos a cargo), aunque también hay parejas con hijos y mujeres solas. Y son familias tanto españolas como extranjeras. Úrsula Macías, técnica de Cáritas, considera que "ésta es una gran solución, aunque no sea la solución absoluta, ya que el problema de acceso a la vivienda no sólo es económico, sino que hay problemas añadidos: los precios de las viviendas, el reparo de arrendatarios a hacer contratos de alquiler a personas con determinados perfiles… por eso hay problemas que incluso con esta medida, no se solucionan".
Mensualmente se realiza seguimiento de las familias acogidas a estas ayudas con el fin de valorar la situación en la que se encuentran, ya que "tenemos muchas familias con esta necesidad, por lo que el porcentaje de personas que necesitan ayuda con el alquiler que se ha cubierto con esta subvención es bajo. Mucha gente tiene que hacer malabares para cubrir los gastos del mes", recalca Macías.
Por otra parte, esta línea de ayudas no cubre el gasto de hipotecas, y podría ser algo a valorar, ya que "podríamos pensar que una familia por el hecho de tener una hipoteca ya tiene un buen poder adquisitivo, y no es así". La buena noticia es que esta subvención continuará y además con mucho más dinero destinado a este fin, por lo que se podrá llegar a más familias.