46 millones de españoles no somos cazadores

El auto 44/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el que se suspende la caza en toda la Comunidad Autónoma ha abierto una crisis de largo recorrido, a tres meses de unas elecciones decisivas. El grupo Ecologistas en Acción ha pedido la dimisión del consejero de Fomento, Suárez-Quiñones, y en el PP y Ciudadanos se han encendido las alarmas: algunos medios calculan que el fiasco de la caza puede arrastrar 50.000 votos a Vox. Suficientes para tener la llave de la legislatura, a la andaluza.

El auto del Tribunal Superior se añade a dos sentencias y tres autos judiciales anteriores y paraliza la caza cautelarmente para proteger un bien superior, el bien común: no se puede jugar con la biodiversidad y el delicado equilibrio de los ecosistemas «que son un bien superior, el bien común de toda la sociedad frente a los intereses particulares de los cazadores».

España tiene 46.733.038 habitantes de los que 713.134 son cazadores, el 1,5% de la población. Por tanto, 46.019.904 españoles no somos cazadores [2.326.291 no cazadores en Castilla y León]. Frente a ese 1,5% de la población que se divierte matando animales, poniendo en peligro el ecosistema, el Tribunal protege el medio ambiente y, de paso, el derecho de los 46 millones de ciudadanos que no practicamos la caza.

A millones de senderistas, ciclistas, recolectores de setas, apicultores o fotógrafos nos gusta pasear por el monte sin miedo a recibir un tiro, como el que mató a un recolector de castañas en Tedejo en 2012, y tantas otras imprudencias; incluso esta temporada han matado a un niño de cuatro años: ¡hay que ser muy bruto y bastante delincuente para llevar de cacería a un crío! Con mucha frecuencia y aún más impunidad, la caza abusa, corta caminos y crea situaciones de riesgo, secuestra el monte y limita los derechos de la mayoría de los ciudadanos (artº 45.1 de la Constitución, derecho al disfrute del medio ambiente).

La millonaria caza intensiva es una grave amenaza ecológica. La estampa del cazador solitario, conocedor del soto local, que mataba un par de liebres o un corzo, ha dejado paso al Gran Business de la caza intensiva. Según datos de Ecologistas en Acción, en 2013 se soltaron en cotos intensivos 1.350.000 ejemplares de perdiz roja procedentes de granjas. Coto intensivo significa introducción de especies exóticas o invasoras, cercas, sueltas masivas, alimentación suplementaria de perdices, palomas, jabalíes; 50.000 galgos abandonados cada temporada, maltrato animal… hay cientos de videos en la red. Para poder matar 25 millones de animales al año (datos oficiales del Ministerio de Agricultura), hay que criarlos, alimentarlos y soltarlos, y todo ello  produce un alto impacto sobre la biodiversidad.
Todas estas consideraciones pesan en el ánimo del TSJCyL, cuyo auto deja en mal lugar a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por haber regulado la caza  –afirma el Tribunal– basándose en un informe sin rigor científico, con datos atrasados de 2003 y 2005, hecho por «la misma empresa que hizo el informe que presentó la Consejería en el procedimiento ordinario 615/2015 [donde recayó otra sentencia que anula el decreto de 2015]».

«El Decreto cuya suspensión se interesa —prosigue el auto— fue sometido a consulta del Consejo Regional de Medio Ambiente cuya composición ha sido declarada contraria a derecho por este Tribunal».

En un Estado de Derecho, no se pueden ignorar y no aplicar las Directivas europeas, ni omitir el requisito legal de hacer estudios científicos que avalen la declaración de las especies cinegéticas.

Los responsables del desaguisado apuntan a los ecologistas, que siempre son los malos de la película –la medida cautelar acordada por el Tribunal fue solicitada por el partido animalista PACMA–, y les embizcan los galgos de un lobby poderoso que mueve 6.000 millones de euros y 187.000 empleos en toda España, un diez por ciento en Castilla y León, pero la pelota está en el tejado de la Junta de Castilla y León, que ha hecho mal su trabajo.

Para salir del embrollo sin perder esos 50.000 votos que corteja Vox, el PP anuncia una reforma urgente de la Ley de Caza de Castilla y León. No han sido capaces de hacerlo en 35 años de gobierno y prometen tramitar ahora una reforma de ley de caza en los dos meses que restan de legislatura. Está por ver si en la carrera por no perder votos, reciben el abrazo del oso desde Ciudadanos e incluso desde el PSOE. Espero que no.

Por si acaso, Ecologistas en Acción ha lanzado un aviso a navegantes: «La proposición de ley anunciada por el PP para blindar la caza vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y podría ser considerada inconstitucional».

Será inconstitucional porque, frente al negocio de unos pocos y frente al atavismo de matar animales por placer, prima la defensa de la Naturaleza y el bien común de toda la sociedad, bienes protegidos constitucionalmente. Los ricos ecosistemas de Castilla y León y su delicada biodiversidad son un bien superior, un bien común irreemplazable que debe ser blindado frente a los depredadores humanos. Así lo ha entendido el Tribunal Superior y así lo entienden millones de ciudadanos de este país. ¡Arriba las ramas!