Los juzgados se llenan de política estos días con casos de alcaldes y ex alcaldes bercianos. Tras conocer la absolución del que fuera regidor de Bembibre, Manuel Otero, por presuntas irregularidades en los contratos de la residencia de mayores y de las piscinas, otros dos alcaldes y exalcaldes se sientan en el banquillo.
Es el caso del alcalde de Barjas, Alfredo De Arriba, al que Fiscalía pide la inhablitación durante 12 años para cargo público, tanto a él como a la secretaria municipal, por un delito de prevaricación administrativa. Se les considera culpables de instar a investigar las propiedades de una veintena de inmuebles, con el fin de que fueran utilizados por el Ayuntamiento, obviando cualquier tipo de alegación al respecto.
Según el escrito que refiere la Fiscalía, los hechos se produjeron en 2020 cuando se llegó a llevar a aprobación plenaria esa investigación de propiedades. Tras su aprobación, se produjeron alegaciones por parte de casi una decena de propietarios sin que se estimaran en ningún caso. Tanto secretaria como alcalde se justificaban en un informe efectuado por un arquitecto técnico que apuntaba que no se podía acreditar que esas propiedades estaban inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre de esos supuestos propietarios. Fiscalía considera que, con esos argumentos, el alcalde obtuvo el sí plenario para que todas ellas se inscribiesen en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación, lo que hace que ahora sean usados por el Ayuntamiento.
De Arriba se sentará en el sillón de los acusados en la Audiencia Provincial los días 23 y 24 de este mes.
Piden 3 años de cárcel para un ex alcalde de Cacabelos
También se sentará en el banquillo el que fuera alcalde de Cacabelos desde 2015 al 2018, Sergio Álvarez, acusado de un presunto delito de malversación, por el que se le llegan a pedir, por parte de Fiscalía, tres años de prisión y 8 de inhabilitación para cargo público. La misma pena se pide para la secretaria interventora accidental, a la que se considera “cooperadora necesaria” del delito.
Según argumenta el escrito, Álvarez fue el que decidió mantener el pago del sueldo a la secretaria interventora durante dos meses “causando un perjuicio de 7.000 euros a las arcas municipales”, cuando la titular de la plaza, se había incorporado a su puesto de trabajo.
Álvarez no quiso expresamente que la secretaria con plaza se reincorporara a su trabajo cuando volvía de una baja médica por conflictos laborales. De hecho esa causa ya fue juzgada y el exregidor condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación por la Aundiencia Provincial de León.
Al impedir esa reincorporación, Álvarez mantuvo a la sustituta durante dos meses, pagando entonces doble sueldo por el mismo servicio, algo que se costeó a cargo de las arcas municipales, que hicieron frente, entre el 12 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2016 a casi 7.000 euros.
La secretaria accidental también está procesada, puesto que Fiscalía considera que conocía lo que sucedía. La propia Junta le dio cuenta de que debía dejar su cargo para dar entrada a la persona a la que sustituía y no lo hizo. Un proceso complejo, porque se refiere a desavenencias personales y que tendrá reflejo en un juicio con jurado popular que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre en vista oral.