El alcalde de Toral de los Vados, denunciado por supuesto acoso laboral

Un trabajador del Ayuntamiento lo acusa por "persecución, burlas, desprecios y humillaciones" y pide una indemnización por haberle provocado un cuadro de depresión con ansiedad

17/02/2024
 Actualizado a 19/02/2024
El alcalde de Toral de los Vados, Pedro Fernández.
El alcalde de Toral de los Vados, Pedro Fernández.

El Juzgado de lo Social de Ponferrada ha recibido una denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Toral de los Vados y su alcalde, Pedro Fernández, por supuesto acoso laboral. Ha sido interpuesta por un trabajador que forma parte del Consistorio desde octubre del 2005 como fontanero. El juicio está fijado para este lunes a partir de las 10:00 horas en el Juzgado nºe de lo Social de la capital del Bierzo y, en él, se exige una indemnización por daños y perjuicios.

En la mañana de este sábado fue desvelada la presentación de esta demanda por el PSOE de Toral de los Vados, cuyo secretario concejal en el Ayuntamiento y secretario de Organización de la agrupación del partido, David Voces Olego, ha sido citado a declarar como testigo el lunes a las 10 de la mañana. Horas más tarde, la formación socialista compartió el documento de la denuncia, donde se explica el caso.

El alcalde Pedro Fernández, que tras abandonar el PSOE revalidó su mayoría absoluta en las elecciones de mayo del 2023 al frente de una candidatura independiente, ha sido ahora señalado por parte de un trabajador del Consistorio por "persecución, burlas, desprecios y humillaciones". Según la demanda, el conflicto entre estas personas ya venía de antes, pero precisamente se agravó en las elecciones municipales. El denunciante y su hija formaban parte de las listas del Partido Popular en Toral de los Vados y denuncian haber sufrido las descalificaciones mencionadas.

"Durante distintos días, el alcalde venía junto con otras personas distintas que no conocía el denunciante y allí, burlándose y mofándose delante, decía que lo tenía de mozo de almacén. Ese mismo comentario lo hacía en pueblos como Valiña y otros, entidades Locales pertenecientes al Ayuntamiento de Toral de los Vados", describe el texto. La denuncia incluso señala que "Pedro, uno de los días que vio al trabajador pegando plaquetas, con su coche subió a la acera y reventó el bordillo que había hecho burlándose para que lo volviera hacer. Ni tan siquiera le traían plaquetas nuevas, el actor se tenía que arreglar como si fuera un puzzle colocando los trozos de las plaquetas viejas". Supuestos menosprecios como estos han sido los desencadenantes de este juicio.

El fontanero describe que toda esta situación de "humillación y acoso permanente" le provocó "dejar de dormir con una situación zozobra, angustia y ansiedad continuada pensando constantemente cuál sería la maldad que le tendría preparada el alcalde para el día siguiente, en qué pueblo sería esta vez la burla, ya que la gente de los pueblos que conoce al actor que lleva 17 años trabajando". Ante esto, el trabajador se encuentra de baja médica desde el 29 de junio de 2023 por depresión con ansiedad.

Ante esta presión supuestamente ejercida por el regidor municipal ante un empleado "al que amenazaba con abrirle expediente si iba al baño al bar, como por cualquier otro motivo", el denunciante procedió a formular una denuncia ante la inspección de trabajo y, además apunta que "lamentablemente la actuación del alcalde no se ha enmendado incluso estando el actor de baja médica", pues "continúa con un talente calumniador e injurioso y con actos humillantes hostiles y degradantes, no solamente en círculos sociales, sino también en las sesiones plenarias en las que también falta a la verdad cuando le interpelan sobre cuestiones relativas al material de las obras de los trabajadores".

De este modo, el fontanero denuncia haber sufrido acoso moral en el trabajo y considera que se presentan con la denuncia "indicios suficientes de la posible existencia de una vulneración de derechos fundamentales", por lo que pide una indemnización. Si bien no existen unas bases definidas para el cálculo de este tipo de indemnizaciones en la práctica, es habitual el empleo de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social para su cuantificación, siendo el importe previsto en esta para las sanciones muy graves de 120.006 € a 225.018 €, importe que podría llegar a cobrar el trabajador en concepto de indemnización, entendiendo que dada la situación existente en el presente supuesto le correspondería en su grado máximo de 225.018 €, añade la demanda.

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