Las nuevas tecnologías han cambiado las formas de comunicación, sobre todo entre los más jóvenes, y han roto barreras en el acceso a la información. Esta democratización del conocimiento es especialmente útil en la educación donde, con los recursos adecuados y una coordinación óptima por parte del profesor, puede brindar importantes beneficios.
Sin embargo, Internet también puede ser una amenaza y los estudiantes encuentran en sus teléfonos móviles y en otros dispositivos electrónicos el arma perfecta para dirigir sus agresiones. Anpe Bierzo detecta un aumento de los ataques a profesores en las aulas de la comarca, un hecho que se agrava con las nuevas tecnologías.
«La agresiones no tienen por qué ser físicas, muchas son verbales y, en general, se producen a raíz de las nuevas tecnologías», sostiene el coordinador del sindicato en el Bierzo, Salvador Pérez, que denuncia el elevado porcentaje en aumento de alumnos, sobre todo de Secundaria, que graban con sus dispositivos a los profesores durante la clase y amenazan con colgar el vídeo en la red.«En ocasiones, este tipo de acciones pueden provocar más daño que una agresión física», dice.
En esta línea, la Junta de Castilla y León acaba de hacer públicas las cifras de maltrato a docentes que registran un total de 752 casos de agresión en la comunidad, un 23% más que el año pasado cuando se produjeron 609 ataques. «Hablar de más de 700 casos es alarmante y lo peor es que la tendencia es al alzatanto en capitales de provincia como en el caso del Bierzo», denuncia Pérez, que advierte del mayor número de incidencias en los centros más grandes y en los núcleos urbanos. En esta línea, el aumento de las ratios de alumnos dictado por el Gobierno acrecienta, a su juicio, el problema ya que, sostiene, «en grupo se hacen más fuertes». «Es más difícil controlar a una clase de 25 a 30 estudiantes que a otra de 15 o 20», añade.
Asimismo, el portavoz de Anpe en el Bierzo explica que el curso pasado se atendieron en la oficina en León siete demandas por agresión, frente a las dos presentadas el curso anterior (2012-2013). De esta forma, Pérez recuerda que solo hace un año desde la entrada en vigor de la ley de autoridad del profesorado y apunta a la necesidad de agilizar las sanciones para que sean más efectivas. «Los centros deberían tener más competencia porque, en el caso de las agresiones más leves, la administración puede tardar mucho tiempo en imponer medidas disciplinarias», declara en relación a la «falta de lógica» de castigar a un escolar por una mala conducta que realizó hace varios meses.
A este respecto, agrega que gran parte de los ataques a docentes son llevados a cabo por alumnos reincidentes, de modo que, según opina, las medidas inmediatas por parte de los centros son «decisivas» para frenar conductas inadecuadas. «Actualmente si un estudiante juega en clase con el teléfono móvil, un profesor no se lo puede quitar porque entonces el problema lo tendrá con la familia», agrega sobre una cuestión que exige una revisión por parte de la administración. Porque para educar en medios es necesario empezar por la propia escuela y que esta fomente un uso crítico y responsable de los mismos.