Canedo exige que se cumpla la sentencia de readmitir al interventor

Adolfo Canedo, ex alcalde de Cacabelos por el PP y ahora concejal en la oposición municipal en el Grupo Mixto, advierte que la sentencia que condena al Ayuntamiento a readmitir al interventor deberá ser cumplida pese a que esta persona haya solicitado el traslado y ahora ejerza en los ayuntamientos de Fabero y Villablino.
Dice Canedo que ese hecho es independiente a la sentencia judicial, que deje ser ejecutada por el Ayuntamiento de Cacabelos, como proceda.

Canedo explica que las consecuencias de esa sentencia serán «terroríficas para el Consistorio, ya que implicará la nulidad de todos los informes realizados durante más de dos años por la interventora interina que ocupó el puesto del interventor titular. Esto atañe a Presupuestos, nóminas, liquidaciones y todo lo realizado por la interina.

Son nulos, explicó Canedo, todos los informes y documentos firmados desde el 11 de enero de 2016, fecha en que el interventor titular debería haberse incorporado a su puesto de trabajo tras recibir el alta de una baja médica. Algo que no pudo hacer por impedimento del alcalde, Sergio Álvarez, que lo había denunciado por agresión.

Este caso se ha vuelto a poner de actualidad porque el pasado 10 de octubre el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado el Ayuntamiento de Cacabelos respecto a otras sentencias anteriores, del Contencioso Administrativo y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obligaban a Cacabelos a cumplir la orden de la Junta que obligaba a readmitir al interventor municipal.

El equipo de Gobierno cacabelense aseguró en estos días queesa sentencia es de imposible cumplimiento porque el interventor ya tiene otra plaza en otros consistorios.

Pero aún así Canedo indica que «las sentencias están para cumplirse» y queexisten formas de depurar responsabilidades al respecto.

Canedo recordó que el alcalde socialista tendrá que declarar el próximo día 29 de la Audiencia Provincial por un presunto delito de prevaricación administrativa, precisamente por impedir la reincorporación del funcionario. El Fiscal le pide 13 años de inhabilitación para ejercer cargo público.

Además,volvió a pedir responsabilidades políticas y pide a Sergio Álvarez que dimita. También le pide al PSOE que le exija a l alcalde su dimisión, atendiendo al código deontológico de partido.