Tras 11 años desde que Friger, la Mercantil Española de Refrigeración S.L., que en Ponferrada contaba con esa firma (que englobaba Fridan, Dan, Danfri y Blanfrío) extinguiera los contratos con sus empleados, 22 de esos trabajadores han conseguido sentar en el banquillo del juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada a los directivos de aquella empresa, creada por Silvestre Blanco, todos ellos familia. Los denuncian por alzamiento de bienes, tanto ellos como el Ministerio Fiscal y sostienen los empleados que los propietarios de Friger han evadido su patrimonio para evitar abonar las deudas que tenían con ellos, a los que no se les abonó las nóminas, en muchos casos, durante más de un año. Trabajaron sin cobrar mientras la empresa se estaba cerrando, en 2011 y vieron cómo se efectuaron una serie de operaciones reconociendo deudas y que permitieron poner a su nombre inmuebles que fueron vendidos, pero que salieron de su patrimonio. Una vez que se produjo el impago de los salarios, no hubo patrimonio de la empresa para poder atenderlo, por lo que sería un delito de insolvencia punible.
Cuatro de los empleados declararon en el juicio al que llegaban después de que, hace una década, cobraran el 35% de lo que se les adeudaba -faltarían por abonar cuantías de unos 50.000 euros, a los que habría que sumar los intereses y que alcanzarían unos 80.000 euros por cada uno de ellos-. Después de haber cobrado ese importe del Fogasa, comenzaron a conocer que la empresa tenía bienes con los que podría saldar esa deuda, y fue entonces cuando se decidieron a denunciar. En principio eran 23 denunciantes, pero uno de ellos, compañero de Ourense, consiguió cobrar, tras conocer que se había vendido un inmueble en Cáceres de la empresa.
Los trabajadores defendían, al igual que lo hizo la cúpula de la empresa, que el trato con ellos era "familiar", hasta el punto de tener confidencias y de viajar juntos. No obstante "si éramos tan familia, no sé cómo no tuvieron ni una conversación con nosotros después de lo que pasó", reprochó una de las declarantes, oficial de primera, Mari Ángeles Somoza. Reconoce que esa relación laboral pero también cercana les hizo "matarnos a trabajar. Yo me llevaba trabajo a casa los fines de semana para que el lunes estuviera todo preparado". Y el pago fue no abonarles las nóminas durante más de un año. Los directivos les apremiaban a trabajar más incluso "como negreros" con el fin de salir de una situación que se iba enquistando.
Sí reconocen los empleados que se les ofrecieron bienes de la empresa "pero no valían para nada. Nos ofrecieron coches que tuvieron que vender a un desguace o evaporadores en mal estado, de los que solo valía el cobre y que también vendieron". Cuando lo vendían no hacían que ese dinero repercutiera en el pago de sus nóminas. Incluso se les ofreció una nave en Argentina y otras propiedades en Alicante "que estaban anegadas y no podían ni venderse como cocheras", reconoció en el juicio otra de las administrativas que, tras 38 años en las oficinas, se quedó fuera de la empresa en 2011.
Los acusados, Silvestre Blanco, patriarca de la empresa, su hermano Bienvenido y sus cuatro hijos -también estaba acusada su esposa, pero falleció el año pasado-, José, administrador, Gabriel, abogado, Elena, que estuvo al frente de la empresa tras la jubilación de su padre en 2004 y Alberto, economista estaban llamados a declarar pero no todos lo hicieron.
Elena, Silvestre y Bienvenido prefirieron quedar al margen, mientras que el resto de familiares apostaron por un discurso parecido: apelar a la relación sentimental que les unía a sus empleados, que llegaron a ser 600 en todo el entramado de empresas, y a primar sus sueldos por encima incluso de los suyos cuando llegaron tiempos de crisis. José Blanco puso como ejemplo la venta de una nave en Trobajo del Camino, por 550.000 euros, dinero que asegura que se invirtió íntegramente a solventar impagos de nóminas y de proveedores. Sin embargo, tanto él como su hermano Gabriel defienden que no eran trabajadores de Friger, sino autónomos que realizaban trabajos para la empresa familiar que incluso no llegaban a cobrar, a la espera de que hubiera liquidez. Los trabajadores aseguran que sí eran empleados, estuvieran o no en plantilla, puesto que sus despachos estaban a su lado y su jornada laboral la hacían allí.
Con respecto al cambio de propiedades con la intención de no abonar las nóminas impagadas, todos negaron la mayor y defendieron que la falta de liquidez "no nos dejó más opción" de la dación de bienes. Se la expusieron a los trabajadores en varias ocasiones "pero no quisieron más que dinero", reprocharon en el juicio. Incluso Gabriel Blanco llegó a hablar de "inquina" de los denunciantes hacia la familia, una situación que "me ha destrozado", apuntó. Incluso a nivel económico, puesto que reconoce que la venta de la nave en Trobajo le afectó en sus cuentas hasta el punto de que le retiraron la beca de estudios universitarios para su hijo. Su discurso de víctima se repitió en el de sus hermanos, que aseguraron que trabajaban para la empresa pero que llegaron a perder dinero cuando las cosas fueron mal, con la intención siempre, de que los trabajadores cobraran.
Los trabajadores aseguran que los directivos actuaron con tan mala fe que lo primero que hicieron fue cambiar sus viviendas, cuando empezaron los problemas, a nombre de sus esposas. Gabriel llegó a abundar que lo que querían era preservarlas de Hacienda y de la Seguridad Social, porque podrían haberlas perdido. Todas las ventas y cambios se hicieron "cuando ya estaban los EREs en marcha", aseguró Ramona Vals en el juicio. Asegura que en plena huelga incluso a ella y a dos trabajadores más les instaron a no unirse a ella para seguir con la producción. Acusa de la "mala gestión administrativa por parte de ellos", haber llegado a la situación límite que les dejó en la calle y sin cobrar lo que se les adeudaba.
El abogado de los trabajadores, Miguel Hernández reconoce las dificultades para conseguir los pagos pero reconoce la evidencia de que se produjeron cambios de propiedades, algo habitual en este tipo de casos, apunta, y espera que haya una sentencia satisfactoria para las personas que trabajaron sin cobrar.
En el juicio se pidieron tres años y medio de prisión para el dueño de la empresa, Silvestre Blanco y otros 3 años de pena para el resto de acusados, además de la reversión de los pagos adeudados, que sumarían algo menos de un millón de euros. El caso ha quedado visto para sentencia.