Pide que no se tiren y asegura que el estudio remitido por la Junta sobre el coste que supondría mantenerlas no es real “nadie se cree la cifra de los 20 millones a 25 años de mantenimiento de esas chimeneas”, dice el líder de CB, Iván Alonso. Asegura que ha contactado con profesionales que aseguran que “no es cierto”, aunque se quedan en el anonimato. Pero sí apunta que, en referencia a la torre de refrigeración de la térmica de Velilla, con unas dimensiones parecidas a las de Cubillos, su mantenimiento anual estaba cifrado en 60.000 euros anuales, por lo que considera que, otras cifras, que además están definidas para recuperar la producción térmica "son de toda falsedad".
Alonso lamenta que se piense en volar lo que considera que es un símbolo “a quién se le ocurre no preservar esas catedrales que tenemos en el Bierzo”, se pregunta. En ese sentido, compara la polémica del derribo de las chimeneas con lo que sucedió en 1915 con el Castillo de Ponferrada, que también pensaba derribarse e incluso el alcalde en aquel momento, Cayetano Morán, advertía que se aprovechara lo que se pudiera de él. El portavoz de CB recupera ese momento y lamenta que pueda repetirse.
En su opinión, el aprovechamiento turístico de estas estructuras, como se ha hecho en Sudáfrica por ejemplo, puede contribuir a dar una salida para frenar la pérdida de población.
Alonso abunda que Endesa va a sacar rendimiento económico de la demolición y por eso ha optado por ella. La venta de ferralla y hormigón que salga de ella podría suponer "varios millones" asegura, aunque no concreta cifras, pero considera que dejan clara la pretensión de la eléctrica "que no tiene corazón para con el Bierzo". Niega que no hubiera alegaciones al expediente de demolición, como asegura la eléctrica "es una mentira muy bien urdida", dice, porque solo salió a la luz un informe medioambiental, que no tenía procedimiento para alegar.
Los últimos elementos de la generación eléctrica del siglo XX
En el escrito presentado a la Junta para justificar el inicio de ese expediente, CB apunta como que estas estructuras “resultan los últimos elementos reconocibles de la generación eléctrica por combustión convencional de la segunda mitad del siglo XX y primeras décadas XXI, como realidad etnográfica en extinción que las administraciones públicas tienen la obligación de proteger”. Argumenta también que otras comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, además de atender a su patrimonio minero, han aplicado figuras de protección a distintos elementos de las centrales térmicas de la segunda mitad del siglo XX de su territorio. Es el caso de Islas Baleares (Alcudia), Galicia (As Pontes de García Rodríguez), Principado de Asturias (Soto Ribera), Andalucía (Málaga), Catalunya (San Adrià de Besòs).
En toda España únicamente permanecen en pie 6 torres de refrigeración más adscritas a una central de generación eléctrica convencional y 5 ligadas a centrales nucleares “y ninguna de ellas se encuentra protegida y/o adaptada a usos culturales”. Además, apunta que entidades como Hispania Nostra, INCUNA o TICCIH se han pronunciado señalando la pertinencia de aplicar medidas de protección sobre las centrales térmicas ya que constituyen “un patrimonio industrial de gran valor arquitectónico, que han conformado un paisaje singular, que son testimonio de la historia social y económica de sus comarcas y que cuentan con un importante patrimonio inmaterial asociado”.
La Junta afea que solo ella moviera ficha
Precisamente, el mismo día en el que CB realizaba ese último intento para mantener las chimeneas en pie , el PP defendía en Cortes, en declaraciones del consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo la vuelta atrás de la Junta al, primero, paralizar los trabajos de desmantelamiento para estudiar la posibilidad de protegerla por un BIC, para después aprobar su voladura, que paralizó casi al límite. Afea Carriedo que ahora se critique esa opción de derribar las estructuras cuando, antes del 2 de diciembre, nadie planteó ninguna idea para posibilitar mantener las torres, por tanto, lo hacen cuando el derribo ya se hubiera producido, porque la voladura estaba fijada para el 1 de diciembre.El consejero de Economía y Hacienda ha aclarado además que será Endesa, propietaria de la central, quien decida cuándo derribar las torres.