Los 395 euros que cobra de la pensión no contributiva impedían a esta berciana comprar una estufa porque el dinero se destina a hacer la compra, pagar las facturas de la luz, el agua y el teléfono móvil y hacer frente a la contribución. Así que, entre marzo y diciembre del año pasado, esta leonesa de 69 años solo ha podido entrar un poco en calor cuando pasaba a ratos a la casa de su vecino o se acostaba en la cama con numerosas capas. “He pasado mucho frío el invierno pasado y parte de éste, que coincidió además con el estado de alarma y el confinamiento por la pandemia”, confiesa. Es por ello que agradece, “de todo corazón”, a Cruz Roja que le haya conseguido una estufa de pellets, que lleva instalada en su casa desde enero.
Vicenta es una usuaria de Cruz Roja, donde acude periódicamente para recibir algunos alimentos o productos de higiene, hasta que un día un voluntario de la ONG que acudió a su casa a dejarle comida en Navidad se enteró que pasaba frío en casa y que llevaba meses sin calefacción. Fue entonces cuando se activó el Plan Cruz Roja Responde que atiende las necesidades de las personas vulnerables con las que trabaja la entidad. Gracias al convenio de colaboración suscrito entre Cruz Roja y Naturgy, se consiguió instalar una estufa en su casa. “Está en la cocina pero da calor en la sala donde estoy habitualmente y en mi dormitorio”, apunta a la Agencia Ical.
La caldera lleva montada desde principios de año por lo que fue un verdadero regalo de Reyes. Y es que la estufa no solo le permite tener caliente su hogar sino que también supone un ahorro importante en la factura. “Antes, tenía un radiador viejo que gastaba mucho, por lo que apenas podía conectarlo. En cambio, ahora, con un paquete de pellets que compro tengo para varias semanas”, añade. Y es que subraya que los menos de 400 euros que recibe le obligan a hacer “muchas cuentas” y no tener ningún capricho como salir a tomar un café. Además, con la ayuda de los técnicos de Cruz Roja, ha solicitado la ayuda del bono de la luz para acogerse a un descuento en la factura de electricidad.
Vicenta desconoce el término de pobreza energética, que está relacionado con la incapacidad de muchas familias de mantener una temperatura adecuada en los hogares, pero sabe lo que es pasar frío dentro de casa: “La estufa nueva me ha cambiado la vida por que he pasado unos meses muy malos”, apunta. No es extrañar que diga que cuando llegaron los de Cruz Roja con la caldera se puso a llorar porque era algo que no esperaba. “Recuerdo muy bien ese día porque la gente del pueblo se acercó a mi casa y me dijeron que había tenido mucha suerte”, afirma.
93.000 euros para pagar facturas
Una pobreza energética que en una comunidad como Castilla y León, con inviernos largos y fríos, es un verdadero problema que se agrava con las consecuencias económicas y sociales derivada de una pandemia. Cruz Roja destinó más de 93.000 euros al pago de suministros en el año 2020 en la Comunidad, con 714 entregas económicas a 407 personas distintas. Es decir, que la media de las ayudas para hacer frente a los recibos de agua (22), gas o gasóleo (175) y luz (515) ascendió a 130 euros, una cantidad superior al de otros años. Uno de cada tres euros de la ONG fue para las facturas de electricidad y siete de cada diez beneficiarios tuvo rostro de mujer.
Cruz Roja reconoce que la pobreza energética tiene un impacto especial sobre las personas vulnerables con las que trabaja la entidad, hasta el punto que calcula que más de la mitad de las familias atendidas por la organización humanitaria tiene que elegir entre pagar gastos básicos, como llevar una alimentación adecuada, y calentar sus hogares.
Las poco más de 400 personas que tuvieron que pedir ayuda a Cruz Roja para hacer frente a la pobreza energética son un número superior a los 359 beneficiarios del año anterior pero muy inferior a las 678 de 2018. Unos datos que la entidad relaciona con el real decreto ley de medidas urgentes aprobadas por el Consejo de Ministros al inicio de la pandemia que impedía el corte de los suministros de electricidad, agua y gas a consumidores considerados vulnerables o en riesgo de exclusión social mientras durara el estado de alarma.
La coordinador autonómica de Cruz Roja, Eva Fernández, asegura a Ical que el número de ayudas para el pago de suministros se ha mantenido aunque no se ha disparado por que muchas personas vulnerables y usuarias de la organización han recibido, a raíz de la pandemia del COVID, ayudas y aportaciones para la alimentación y de otro tipo de productos. “El decreto del Gobierno central fue un desahogo importante pero también que las familias han podido destinar parte de su dinero al pago de facturas de la luz y el gas, una vez que las ONGs habían cubierto sus necesidades básicas”, precisa.
Por otro lado, la entidad también entregó el año pasado un total de 1.618 kits de ahorro energético en la Comunidad, casi el doble que en 2019. De esta forma el número de personas beneficiarias de estos lotes que incluyen bombillas leds, burletes para ventanas y puertas, una regleta y un enchufe temporizador ha pasado de 793 a 1.571.
Más pobreza energética
La coordinadora autonómica de Cruz Roja recalca que si la situación socioeconómica de las familias continúa empeorando y persiste el desempleo y la falta de recursos, la pobreza energética va a ser una realidad cada vez “más patente” y “grave” para miles de personas vulnerables, principalmente por la acumulación de recibos y por las dificultades para asumir los pagos.
Fernández valora la respuesta de Cruz Roja durante los meses de pandemia, que fue inmediata desde el mes de marzo. “Nos sentimos muy orgullosos de haber podido articular un conjunto de ayudas en cuestión de días y horas, gracias a la labor de los voluntarios”, sentencia. No en vano, explica que durante el confinamiento inicial, se procedió a la entrega de bienes o prestaciones económicas para alimentos, productos básicos de primera necesidad como higiene y limpieza del hogar, juguetes y material didáctico. En total, a lo largo del año pasado, el área de inclusión social prestó servicio a 53.695 personas, a través de 118.017 entregas.
El número de beneficiarios se ha duplicado respecto a los dos años anteriores como 2019 (27.338 personas y 54.431 entregas) y 2018 (28.343 y 64.406 entregas). A juicio de la coordinadora de Cruz Roja en Castilla y León, este incremento de ayudas a la ciudadanía solo se ha podido atender gracias al buen entendimiento entre el tercer sector, las empresas y las administraciones. “Es, sin duda, lo mejor que nos ha dejado esta pandemia”, declara.
En este sentido, el proyecto 'Atención e inclusión de personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica en la cobertura de necesidades básicas de urgencia y en la prevención de la exclusión residencial' cuenta con la subvención de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y está financiado con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la realización de programas de interés general, además de contar con fondos propios de Cruz Roja, acuerdos con corporaciones locales y empresas privadas.
Por último, Eva Fernández advierte que la segunda parte de la crisis sanitaria, con efectos en el plano social y económico, será “muy dura”. Una situación que viene marcada no solo por la atención que debe continuar entre los colectivos que estructuralmente llevan tiempo con la ONG sino también con personas que jamás habían acudido a Cruz Roja y que ahora llegan por la falta de recursos económicos.