Decepción de los trabajadores de Friger al ver absueltos a los directivos de la empresa que les deben un millón de euros

La Audiencia provincial respalda la absolución de los directivos, aunque reconoce la deuda y también los impagos a Hacienda

13/02/2025
 Actualizado a 13/02/2025
Banquillo de los acusados, ahora absueltos, durante el juicio en el Palacio de Justicia de Ponferrada en el caso Friger. | MAR IGLESIAS
Banquillo de los acusados, ahora absueltos, durante el juicio en el Palacio de Justicia de Ponferrada en el caso Friger. | MAR IGLESIAS

No ha habido marcha atrás y la Audiencia provincial ha resuelto desestimar el recurso de apelación interpuesto por 22 ex empleados de la empresa berciana Friger contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 que absolvía a los cinco directivos, todos ellos familia, de toda responsabilidad penal por un delito de alzamiento de bienes, del que también los acusaba Fiscalía que llegaba a pedir penas de cárcel. Los trabajadores demandaban el pago de sus nóminas, que alcanzaba un montante de casi el millón de euros y que se les dejaron de abonar cuando la empresa inició el proceso de cierre, en 2011.

La Mercantil Española de Refrigeración S.L., creada por Silvestre Blanco, mientras ellos trabajaban sin cobrar, intentando que la firma repuntara, fue rehaciendo sus propiedades con el fin de esquivar esas deudas que se iban dilatando. Así, fueron cambiando la titularidad de diversos inmuebles, algunos de los cuales fueron vendidos, descapitalizando de este modo la empresa. Los ex empleados consideraron que eso lo hacían para evitar saldar cuentas con ellos, pero el juzgado no ha creído que fuera así y ha absuelto tanto a Silvestre Blanco como a los otros encausados, sus cuatro hijos: José, administrador, Gabriel, abogado, Elena, que estuvo al frente de la empresa tras la jubilación de su padre en 2004 y Alberto, economista.

Para los trabajadores este revés es “un cúmulo de despropósitos” que no entienden, dicen dos de las afectadas R.V y B.F. No quieren dar sus nombres completos, cansados ya de una causa que les hace pensar que la justicia no ha estado a la altura. “Parece que hemos sido nosotros los que no hemos querido cobrar, pero ellos sí quisieron pagarnos y no fue así”, relatan.

Recuerdan, como hicieron en el juicio en primera instancia, que los empresarios, en un determinado momento, les ofrecieron vehículos, maquinaria… de la empresa “obsoleta y en mal estado” o una nave en Argentina.

Indignados por un dictamen que respetan pero no comparten “nos deja con mal sabor de boca, porque los deja a ellos como si hubieran sido buenos, unos salvadores y a nosotros como tontos” y consideran que siguen sin abonar lo que realmente les adeudan, tal y como le se sigue reconociendo en la sentencia, por un trabajo efectivo que se realizó, incluso en algunos casos, esperando los pagos durante un año.

También en la sentencia se reconoce una deuda con la Seguridad Social de la familia de más un millón de euros y la venta de una nave de Tenerife por un millón de euros que se realizó cuando la empresa no podía hacerlo, porque ya se había reconocido la deuda y no podía realizar transmisiones patrimoniales, “esto es solo un ejemplo, ha habido trasmisión de bienes y de cantidades muy grandes”, reconocen.

La sentencia de la Audiencia provincial recoge textualmente que “no se ha consumado el delito denunciado de insolvencia punible” y apunta, como ya se hizo en primera instancia por el juez instructor que “los acusados trataron de salvar la empresa atendiendo al pago de las deudas en la medida de lo posible”.

Los ex trabajadores en este punto se preguntan “¿Qué empresa salvaron? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la intención de pagar las deudas?, cuando los trabajadores no hemos cobrado nada y siguen figurando en el listado de deudores con la Hacienda Pública, con una deuda superior al millón de euros”.

Así las cosas, los trabajadores solo quieren ahora justicia social y no han procedido a recurrir al espacio que les dejaba la sentencia, el recurso de casación.

Lamentan, eso sí, los “argumentos incoherentes” que, a su parecer, se han tenido en cuenta para resolver una causa que esperaban que diera un giro en la Audiencia. “Ha sido todo un despropósito”, dicen los trabajadores, cansados ya de la pelea judicial “llevamos desde 2011 peleando”, sin haber conseguido el respaldo de la justicia.

Los 22 querellantes lamentan que no se haya atendido a su requerimiento, y recuerdan los años en los que tuvieron que pelear por un día en día en el que tenían que continuar trabajando sin percibir salario alguno “ahora solo queremos que no se les vea como salvadores, porque no lo han sido y siguen sin pagarnos”, dicen.

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