Declara como investigado por un delito contra los derechos cívicos el pedáneo de La Granja

Tras la denuncia efectuada en marzo de este año por el vocal de la Junta Vecinal de la Granja de San Vicente, pedanía de Torre del Bierzo, Manuel Domínguez Silván, ante la Fiscalía al detectar un presunto delito de “nepotismo” y contra el derecho de información del pedáneo de esa localidad, el socialista José Luis Bañal, se inicia el juicio este martes con la declaración de Domínguez.

El fiscal encontró indicios de delito contra los derechos cívicos después de que Domínguez no pudiera conseguir informes de determinadas actas de plenos que solicitó. Son las sesiones en las que se concretó la adjudicación de un coto de caza, a principios de este mandato. Eso hizo que, tanto los de coto de caza como los de aprovechamiento del monte se quedaran en manos de familiares del socialista, denuncia el vocal, algo de lo que dio cuenta al Servicio Territorial de Medio Ambiente, por considerar que el procedimiento en la adjudicación del coto de caza del pueblo “ha sido irregular”.

También lo hizo ante el Procurador del Común, que,tras requerir a la pedanía para que repitiera el procedimiento de adjudicación del coto y entregara la documentación a Domínguez, esta le confirmó que lo haría “eso fue en julio y no lo han hecho”, explica el vocal “se niegan a entregarme una documentación a la que tengo derecho como vocal”, reitera. Será lo que repita en su declaración el 5 de octubre ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Ponferrada, que se ha hecho cargo del caso después de que la Fiscalía viera una posible “comisión de infracción penal por el delito de impedir el ejercicio de derechos cívicos”, dice en su escrito instando al juzgado a que pida la declaración del vocal y que solicite a la Junta Vecinal de La Granja copia de la denuncia proveniente de las peticiones de información del vocal y los informes que desencadenaron, así como convocatorias de plenos solicitadas y los informes de que no fueron atendidas.

También se solicitan las resoluciones dictadas por el Comisionado de Transparencia, que también instaban a ofrecer esa información al vocal y, por último, solicita la declaración, en calidad de investigado, del alcalde pedáneo.

Fiscalía apunta que, según el Código Penal, se podría inhabilitar al pedáneo de uno a cuatro años para cargo público si ha infringido el derecho de aportar esa información solicitada a sabiendas.

Domínguez pedía ver las convocatorias y actas de los plenos así como los contratos de personal y la adjudicación del coto de caza entre otras cosas. El vocal solicitó por escrito convocatoria del pleno en el que se trató la aprobación del expediente para la adjudicación del aprovechamiento del coto así como el del pleno donde se trató la aprobación del pliego de condiciones del aprovechamiento cinegético y el acta de constitución de la mesa de contratación de la subasta para la adjudicación del aprovechamiento del coto. Frente a sus peticiones, no hubo respuesta, ni siquiera cuando la Comisión de Transparencia de Castilla y León, el 7 de septiembre de 2021 lo requiriese ni tampoco cuando lo hizo el Procurador del Común y la propia pedanía respondió antes este órgano que estaba dispuesta a asumir la entrega de esas actas y retrotraer el procedimiento de adjudicación del coto a sus inicios. En concreto la Comisión pedía que se le remitiera al vocal la copia de todas las actas de sesiones de la Junta Vecinal desde 2015 a 2019 y también las cuentas de la pedanía en los mismos años.

Sus denuncias han llegado al Tribunal de Cuentas que, asegura que también están investigando a la pedanía, que ahora se enfrenta a un juicio tras las irregularidades detectadas por la Fiscalía.

“Están haciendo caso omiso al Procurador y a la Comisión”, dice Domínguez, sorprendido porque sigan ese camino de aceptar esas resoluciones y no cumplirlas “no sé qué asesoramiento tienen, pero se enfrentan a la inhabilitación”, dice.

El problema viene por la adjudicación de un coto que es el que proporciona ingresos a la pedanía. Pero, en su primera denuncia, decía que, según el presidente de la Junta Vecinal el coto aporta entre 6.000 y 8.000 euros de ganancias, aunque llegan a caja, según Domínguez “la última vez que supe lo que había eran 6.000 euros”. Asegura que “lo que entra sale” y va destinado a trabajos que no se aprueban en pleno ni cuentan con ninguna justificación.Reprocha además que se haya destinado una subvención que ofrece la Junta de Castilla y León a la contratación de una persona, por un montante que asciende a 5.500 euros sin acuerdo de la Junta Vecinal y que ha sido para “un hermano del presidente”, cuando Domínguez apunta que otras personas del pueblo podrían optar a la misma.

No hay justificantes de sus nóminas y Domínguez teme que todo se revele en una falsificación documentos, ya que esa contratación debe llegar a la Junta con una aprobación plenaria que no se produjo.

“Algo muy raro está pasando aquí”, dice, a la espera de que el juzgado determine las irregularidades que detecta.