De inicio, Mendo planteaba la decisión de la mesa de contratación, que era que el servicio pasara a la empresa que había denunciado la adjudicación, Urbaser, y que había ganado en los tribunales. Pero Miranda enmendó esa propuesta y pidió que no se dictaminara ese punto, sino que se trasladara a pleno la pretensión de renunciar al contrato en base a declarar el interés público del mismo.
Todo ello pasando porque el pleno ratificara la propuesta, que daría paso a la solicitud de los pertinentes informes para que se justificara ese interés y, de nuevo, volver a comisión y a pleno. Tras dos horas de explicaciones por parte de la secretaria que aclaraba que a pleno se debía llevar, por ser preceptivo, la aprobación o no de la resolución de la mesa de negociación y también la concreción de ese interés público para abrir la puerta a los informes, no se concretó ninguna salida,asegura uno de los participantes en la comisión, el socialista, Javier Campos, más que dejar patente la división del equipo de gobierno y la fecha para el plenario, que será el próximo miércoles a las nueve de la mañana.
Un informe con muchas vías
Sobre la mesa quedaron las posibilidades del documento que pasa por varias vías. La consultora explica que el Ayuntamiento debe considerar como alternativas legalmente viables la adjudicación del contrato a la mercantil Urbaser, como dictó la mesa de contratación, o la renuncia a la celebración de contrato. Prosigue explicando que la sustancial modificación del entorno técnico y regulatorio del contrato de concesión, incluyendo la rescisión de precios constituye «motivo de interés público», explica «a nuestro juicio suficientemente para fundamentar la renuncia del contrato».Sí advierte que si se renuncia, se abre la puerta a la necesaria indemnización a la prestadora de servicios hasta el momento, Fomento Construcciones y Contratas, FCC. La comisión decidió encargar un estudio jurídico sobre la posibilidad de renunciar al contrato, con el fin de que esté listo para el pleno. De todos modos, la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo manifestaba que las indemnizaciones que deberían concedérseles a las empresas no supondrían ningún desequilibrio.
Ramón aseguraba antes de la comisión que esperarían a pronunciarse en el pleno pero sí apuntaba que tal vez fuera este el momento para acogerse a la renuncia del contrato por interés público y defender la remunicipalización del servicio como PSOE y Ponferrada en Común solicitaron de manera conjunta, sin obtener el respaldo plenario. Vuelve a incidir Ramón en que esa opción sería la más adecuada, puesto que volver a licitar el servicio de manera externa llevaría demasiado tiempo y no dejaría solucionado el problema en este mandato, pero las posibilidades ahora esperarán al pleno.